En su argumentación, Héctor Marroquín indicó que cuando inició la pandemia, las mascarillas que ahora son de uso común llegaron a costar Q100. Foto: La Hora.

El Juzgado Cuarto Penal a cargo de la jueza Mayra Lorena de León García resolvió ligar a proceso penal por el delito de abuso de autoridad al exviceministro de Salud, Héctor Marroquín Barrios, quien es señalado por autorizar una adjudicación anómala a la empresa Grupo Rojo, para la compra de batas para el personal médico cuando inició la pandemia por Q1.3 millones.

El Juzgado le brindó medidas de coerción a Marroquín Barrios, prohibiéndole salir del país, tener comunicación con otros coimputados y una caución de Q50 mil.

Este miércoles, Marroquín Barrios se puso a disposición del Juzgado luego de permanecer prófugo de la justicia desde el pasado 15 de abril, cuando se giró la orden de aprehensión en su contra junto con otras cuatro personas.

Según las investigaciones del Ministerio Público, las batas adquiridas por la cartera de Salud no cumplían con los requisitos sanitarios establecidos, además de que el costo de estas era elevado en comparación a otros precios.

DEFIENDE COMPRAS AUTORIZADAS

En su argumentación, Héctor Marroquín indicó que cuando inició la pandemia, las mascarillas que ahora son de uso común llegaron a costar Q100 y agregó que desde el Ministerio de Salud se les indicó que debían garantizar la salud de la población “hacer lo necesario para garantizar la vida y la salud de las personas”, reiteró.

“En este caso como estábamos en Estado de Calamidad, el que debía dar el precio de las batas que se adquirían debía ser el Ministerio de Economía. El Mineco no lo hizo, dejó que la Ley de la oferta y la demanda lo hiciera, por eso es que los precios fluctuaron”, aseguró el exviceministro.

MINECO: LEY ESTABLECE QUE NO SE DEBE COMPRAR SOBREVALORADO

En respuesta a lo dicho por el exviceministro de Salud, la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Economía indicó que bajo la vigencia del Estado de Calamidad pública por la emergencia derivada del coronavirus únicamente establecieron precios máximos para algunos medicamentos que se consideraron de especial interés para el tratamiento de la enfermedad.

“No obstante eso es responsabilidad de cada institución que lleva a cabo alguna adquisición de bienes o servicios, el velar por que no exista sobrevaloración. El artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado establece expresamente, desde la reforma que se hizo en el año 2010, que en ningún caso se llevarán a cabo adjudicaciones, si existe sobrevaloración del suministro, bien o servicio ofertado. Esto mismo lo establece ese artículo con su texto actual, vigente desde al año 2016. Fuera de las facultades que excepcionalmente se otorgaron bajo la vigencia del Estado de Calamidad Pública, el Ministerio de Economía no puede fijar precios”, indicaron.



 

OTRAS PERSONAS SON PROCESADAS

Por este caso también son procesados:

1. Edwin Romeo Sican, jefe del Departamento Administrativo del MSPAS.

2. Brenda Marisol Luch Escobar, jefa de la Subdirección de Enfermería del Hospital Temporal del Parque de La Industria, MSPAS

3. César Jiovany Guzmán Camas, propietario y representante legal de Importadora y Exportadora Mckd.

4. Hernan Villela Javier, representante legal de la entidad mercantil denominada Grupo Roja, S.A.



 

Lourdes Arana
Periodista profesional, apasionada con transmitir la noticia de primera mano; enfocada en trasladar la información veraz, puntual y objetiva. Guatemalteca consciente de aplicar valores y principios que ayuden al progreso y desarrollo del país.
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