POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt

Este jueves Jimmy Morales y Jafeth Cabrera asumirán como el nuevo binomio presidencial. El neófito de la política se enfrentará a un país en banca rota, con bajos niveles de desarrollo, corrupción institucionalizada y grandes retos por superar. Pero sobre todo, Morales deberá responder a una ciudadanía expectante de cambios profundos en el país.

Jimmy Morales llegará a la Presidencia en un momento político y socialmente crítico, en el que la población demanda mayor transparencia y mejores resultados que los obtenidos por los últimos Gobiernos.

Por un lado, la falta de experiencia de Morales en el terreno político le ayudó a perfilarse durante la campaña como un candidato “incorrupto”; sin embargo, expertos señalan que, una vez en la Presidencia, esta misma característica podría volverse en su contra.

Según los analistas consultados, considerando las difíciles condiciones en que Morales recibirá el país, las medidas y estrategias que se planteen desde los ministerios, secretarías y otras entidades, deben responder positivamente a las necesidades en educación, salud, situación fiscal, seguridad y garantía de derechos humanos. De lo contrario, señalan, el panorama continuará siendo desalentador.

ÁREA FISCAL
En los últimos días de diciembre, el Ministerio de Finanzas informó que cerraría el 2015 con una brecha fiscal mayor a Q5 mil millones. La meta de recaudación programada por las autoridades fue de Q54 mil 701 millones, pero solamente se percibieron Q49 mil 712 millones.

Este sería el tercer año consecutivo en que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no alcanza la meta de recaudación prevista. La suspensión de impuestos, la caída en precios de petróleo y la estructura de contrabando La Línea, son los principales factores de este déficit, según explica Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) proveerán el 80 por ciento de los ingresos tributarios previstos para los gastos contemplados en el Presupuesto General de la Nación 2016. Estos dos tributos aportarán al funcionamiento del Estado Q44 mil millones, según la aprobación del proyecto en el Congreso.

En materia de ingresos, Guatemala sigue teniendo la carga tributaria más baja de la región: en torno al 10% y con un peligro grave de bajar. El fraude fiscal, la estructura del sistema tributario que mantiene privilegios fiscales por hechos que no se pueden verificar y la crisis institucional por la que atraviesa la SAT, son los principales motivos, según Barrientos.

En tanto, el monto de la deuda pública alcanza los Q120 mil 740 millones, y si bien es cierto que el país tiene el saldo de deuda más pequeño de la región, su capacidad para pagar esa deuda cada vez es menor. “Si esto continúa, Guatemala podría tener problemas para pagar su deuda porque sus ingresos son muy bajos, además de que esta deuda no se utiliza para inversión social”, explica Barrientos.

El gasto público se ha ido reduciendo, dando como resultado una situación que compromete las posibilidades del nuevo gobierno para efectuar sus propuestas, pues provoca una restricción financiera en materia de educación, salud, seguridad, infraestructura, etc.

Barrientos concluye que el gobierno tiene un gasto insuficiente para cualquier agenda de desarrollo y, por ende, para cumplir “alguna de sus promesas de campaña”.

EDUCACIÓN
El país mostró un retroceso en materia de cobertura educativa en los últimos cinco años, pues en el 2009 la tasa neta de escolaridad era de 98.7% y pasó al 82.0% en el 2014, de acuerdo con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Además, la tasa neta de escolaridad primaria, que hasta 2009 había alcanzado el 98.7%, experimentó una reducción progresiva, hasta situarse en un 82.0% en 2014.

Estos retrocesos alejaron al país de asegurar la universalización de la educación primaria y básica.

En este contexto, el panorama de la educación para 2016 es difícil. Analistas opinan que el presupuesto aprobado no permitirá superar el grave déficit de cobertura, y como consecuencia, más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes continuarán fuera del sistema educativo.

El Ministerio de Educación dispondrá de Q10 mil 475 millones para atender a los trabajadores y maestros contratados en el renglón 021, lo cual representa el 81% de los Q12 mil 295 millones aprobados para esta cartera.

SALUD
Analistas coinciden en que la asignación aprobada para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no permitirá superar la crisis del sector salud, con lo cual el Estado guatemalteco continuará siendo financieramente incapaz de subsanar las deficiencias que sufren los centros de salud y la red del sistema hospitalario.

Esto se traduce en pocas probabilidades de revertir los riesgos a que se expone toda la población en defunciones maternas e infantiles, ausencia de tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas y una escasa capacidad de respuesta frente a amenazas y nuevos virus.

“Pese a los esfuerzos realizados en los últimos meses, el sistema público de salud se mantiene agónico y su rescate constituirá para el próximo gobierno uno de los retos más importantes”, opina Adrián Chávez, del Instituto Nacional de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac).

A esto, el experto agrega que más de un cuarto de la población se encuentra en zonas en las que el Estado permanece ausente. Asimismo, resalta que las coberturas de inmunizaciones registradas actualmente son las más bajas de la historia reciente y que cada vez las enfermedades más comunes aumentan su costo.

A ello hay que sumarle que a la fecha sigue intacto el sistema corrupto de compra de medicinas, porque a pesar de algunos casos que han salido a luz, no ha cambiado sus reglas.

ECONOMÍA
Hugo Maúl, analista económico e investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), destaca que en el área económica el próximo Gobierno tendrá a su favor el aumento en el consumo, como producto de la rebaja en los precios del combustible, la energía eléctrica y el incremento de remesas al país.

No obstante, a nivel microeconómico, el país se encuentra en condiciones poco alentadoras, pues no existen políticas que contribuyan al fortalecimiento de microempresarios y de núcleos familiares. Esto, según explica, se refleja en la cantidad de personas sin empleo o que laboran en la informalidad.

El experto agrega que la macroeconomía es un factor sólido, pero no alcanza para generar crecimiento económico y desarrollo, ni nuevas oportunidades para los guatemaltecos. “Si a eso se le suma la ausencia de políticas definidas, desarticulación de intentos para estrategia de inversión y generación de empleo, estamos en una situación bastante precaria en cuanto al futuro del crecimiento económico”, lamenta.

De acuerdo al ICEFI, el presupuesto aprobado para el 2016 reduce el endeudamiento por medio de Bonos del Tesoro, y con ello, el déficit fiscal proyectado para 2016, pasando de Q10 millardos (1.9% del PIB), según el proyecto presentado por el Ejecutivo, a Q 8.4 millardos (1.6%) del PIB, en el presupuesto aprobado.

No obstante, señala que se aplicó un recorte excesivo de Q1.3 millardos a los proyectos de inversión y tareas de mantenimiento vial a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, lo que condiciona el crecimiento económico en el mediano y largo plazo.

Maúl concluye que el próximo Gobierno recibirá un país con una necesidad grande de generación de empleo y con ausencia de políticas claras que puedan dinamizar la economía, a mediano plazo.

“En la medida en que no se articulan políticas para atraer inversiones, para promover más empleo, nuevas fábricas, nuevas empresas, no se ve un panorama alentador”, asegura.

TRABAJO
Guatemala tiene una tasa de desempleo del 2.7 por ciento, la más baja de Latinoamérica, según el Anuario Estadístico 2013 emitido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Sin embargo, cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que, de los 6 millones 129 mil 900 guatemaltecos en edad laboral, solo el 33.28% tiene un trabajo estable en el sector formal, es decir, con la garantía de un salario mínimo, acceso a seguridad social, vacaciones y prestaciones.

El país no ha destacado por ser un lugar de oportunidades laborales para jóvenes. Cada año se estima que 140 mil jóvenes no se pueden incorporar a un trabajo formal porque no encuentran oportunidades de trabajo, por lo que se ven obligados a trabajar en informalidad.

“Alrededor de las dos terceras partes de los asalariados no devengan el salario mínimo”, apunta Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).

Por lo tanto, la población tiene dificultades para cubrir el costo de la Canasta Básica, que alcanza los Q3 mil 540.60, según datos del INE.

Linares asegura que la falta de oportunidades es la causa que motiva a jóvenes a ir en busca de oportunidades a países extranjeros y estima que un joven migrante devenga un salario que triplica el salario mínimo vigente en Guatemala.

En cuanto a la productividad, el sector agrícola es el área con más trabajadores (31.2%); sin embargo, el sector agrícola solamente contribuye en un 12% al PIB.

DERECHOS HUMANOS
Desde la perspectiva de derechos individuales, opina Jorge Santos, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, Guatemala presenta grandes dificultades en su deber de garantizar la seguridad ciudadana e integridad física a los guatemaltecos.

“El simple hecho de haber pretendido colocar un salario mínimo diferenciado es una grave violación a los derechos fundamentales y principios básicos”, enfatiza Santos.

Según datos proporcionados por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el 2015 cerró con 250 muertos por ataques al transporte público, entre ellos 50 pilotos; mientras que el 2014 fueron 418 personas asesinadas, de ellas 102 conductores de transporte urbano.

Asimismo, entre 2005 y 2015 más de 6 mil 370 mujeres murieron de forma violenta en Guatemala. De acuerdo con cifras del Ministerio Público y el Organismo Judicial, solo el 11.60% de este tipo de casos se judicializaron y el 88.39% quedó en la impunidad.

En general, de manera violenta mueren alrededor de 13 personas por día.

De acuerdo con el experto, esta ola de violencia tiene su origen en la debilidad de las políticas de seguridad.

Según Santos, también los derechos colectivos son masivamente violados. La mayoría de la población del país es indígena y, no obstante, son el sector social con más niveles de pobreza, menos acceso a educación, salud y alimentación.

El informe final de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) reveló que Guatemala no ha avanzado al ritmo necesario para lograr los estándares mínimos de desarrollo que plantearon, ya que de los compromisos adquiridos para el 2015, se incumplió con el 62.5%.

El país demostró un retroceso en el combate de la pobreza extrema, que pasó del 18.1% en 1989, al 23.4% entre 2014 y 2015.

TRANSPARENCIA
Según el ICEFI, este año el Congreso aprobó varias normas de transparencia fiscal y control del gasto público positivas, entre las que destacan el control de la inversión ejecutada por los Consejos Departamentales de Desarrollo; la fijación de topes de gasto en rubros sensibles como viáticos, alimentos y combustibles; la obligación de realizar auditorías a las nóminas salariales; la obligación de publicar las metas de recaudación, así como de estudios de gasto tributario, el Plan Anual de Recaudación, Control y Fiscalización de la SAT.

Sin embargo, estas medidas terminan siendo cosméticas, porque el país necesita una reingeniería en su sistema político y ello pasa por cambiar las reglas electorales, la forma de elegir a las autoridades judiciales, modificar la matriz de compras del Estado, volver la educación y la salud universales y de calidad, frenar la migración mediante la generación de oportunidades, modificar el sistema civil, entre otros.

Diario La Hora
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