Nils Leporowski, presidente de CACIF. Esa organización se refirió a las movilizaciones que anunció Codeca. Foto La Hora

Por Redacción La Hora
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), manifestó que tras el hallazgo de Q112 millones en una residencia de Antigua Guatemala, así como la falta de responsabilidad sobre transferencias del Ministerio de Comunicaciones de Q135 millones, resulta urgente retomar la discusión de mecanismos que fortalezcan la transparencia y orienten sobre una apropiada inversión de recursos públicos.

Además, afirmaron que ningún acto de corrupción puede ser tolerado por el Gobierno, el Ministerio Público, ni la ciudadanía y que el uso responsable y transparente de fondos públicos es una condición para el desarrollo.

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“La situación económica del país requiere ahora de redoblar los esfuerzos necesarios para trabajar por la institucionalidad y el combate contra la corrupción, la cual ha causado serios estragos en la confianza de los guatemaltecos y desincentivado la inversión”, enfatizaron.

Ante ese escenario, pidieron al ente investigador a que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes que permitan hallar a los culpables para que respondan ante la justicia.

“La pandemia ha agravado la situación económica de Guatemala y, en momentos en los que se requiere de grandes esfuerzos para la recuperación del país, es todavía más necesario enfocarse en una estrategia que apunte hacia el desarrollo, para lo cual, la transparencia y el correcto actuar de todos los actores son condiciones indispensables”, anotaron.

CAMAGRO: SOLICITA AL MP QUE SE HAGA UNA INVESTIGACIÓN INMEDIATA

A ese pronunciamiento le precede el de la Cámara del Agro de Guatemala, la cual solicitó que ante las “diversas denuncias” publicadas en diferentes medios de comunicación” sobre la posible comisión de delitos y malos manejos del dinero público en la gestión del Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio Público conforme a su mandato debe hacer una inmediata investigación sobre lo ocurrido.

“En el caso se determine la posible participación de cualquier persona -funcionarios públicos o personas privadas-, en cualquier hecho de corrupción se presenten las denuncias ante los tribunales competentes”, destacaron.

Finalmente hicieron énfasis en que hoy más que nunca, “es necesario combatir de manera integral la corrupción, y contar con instituciones que operen y garanticen la inversión de los recursos públicos de forma transparente y eficiente”.

SUS PRONUNCIAMIENTOS

Las posturas se dan a una semana que cobrara auge el tema de la aprobación de la ley de infraestructura, la cual presentó en febrero del año pasado la Fundación para el Desarrollo, (Fundesa), junto a varios diputados.

Las menciones a la normativa se revitalizaron luego que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), revelará que en un inmueble se habían incautado maletas con más de Q122 millones y que tendrían vinculación al exministro de Comunicaciones José Luis Benito.

Además, ayer el director de Caminos, Fredy Chojolán, indicó que cuando padeció COVID-19, su firma habría sido falsificada para autorizar una transferencia por Q135 millones, un hecho que ha causado diversas reacciones.

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