JUEZA IMPONE FIANZAS DE Q1 MILLÓN Y Q200 MIL

Empresarios son ligados a proceso y quedan en libertad; deben pagar caución en 5 días

POR REDACCIÓN LA HORA *
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A petición de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), la jueza Érika Aifán ligó a proceso a cinco empresarios por el delito de financiamiento electoral ilícito en el caso que se sigue contra el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y les impuso una caución de Q1 millón a tres empresarios y de Q200 mil a otros dos, a pagarse en un plazo de cinco días.

Los empresarios ligados a proceso son: Salvador Paiz, José Fraterno Vila Girón, José Miguel Torrebiarte Novella, José Guillermo Castillo Villacorta y Felipe Bosch Gutiérrez; los dos primeros tendrán que cancelar una fianza de Q200 mil mientras que los demás Q 1 millón. Los sindicados tienen cinco días para pagar la caución y si no, la jueza les advirtió que puede ordenar su detención.

La jueza Aifán también les prohibió comunicarse con las colaboradoras eficaces, Paulina Paiz y Olga de Figueroa y dispuso que el control biométrico debe ser cada 15 días en el Ministerio Público (MP).

El cinco de diciembre el MP debe presentar acusación formal. La etapa de audiencia intermedia se programó para el 20 de diciembre.

CUATRO DE CINCO EMPRESARIOS PIDIERON FALTA DE MÉRITO

Antes de que la jueza resolviera si los ligaba a proceso o no, cuatro de los cinco sindicados pidieron falta de mérito.

Luego de pedir perdón públicamente el 19 de abril, reconociendo que “sin saberlo” cometieron errores, los abogados defensores de los empresarios José Fraterno Vila Girón, José Miguel Torrebiarte Novella, José Guillermo Castillo Villacorta y Felipe Bosch Gutiérrez pidieron a la jueza que decretara falta de mérito a favor de sus patrocinados asegurando que nunca cometieron un financiamiento electoral ilícito a FCN-Nación.

En cuanto a Salvador Paiz del Carmen, su defensa fue la única que no se opuso a que la jueza de Mayor Riesgo D lo ligara a proceso por el delito de financiamiento electoral ilícito.

En su argumentación, los abogados defensores expusieron que sus patrocinados nunca tuvieron la intención de ocultar los recursos, ya que, según su interpretación del artículo 407 N del Código Penal, que es donde se regula el delito de financiamiento electoral ilícito, es obligación del partido político registrar los aportes dinerarios.

La defensa de Vila manifestó las incongruencias en la declaración en anticipo de prueba de la colaboradora eficaz Paulina Paiz. “Ella dice que en esa reunión (del 19 de agosto) no se acordó nada, ¿por qué aquí se trata de imputar a mi cliente lo que sucedió en esa reunión?”, expresó el abogado.

La defensa de José Miguel Torrebiarte calificó la contribución dineraria de su cliente al partido oficial como “un tema cívico”. Además, señaló que era el partido el que tenía la obligación de reportar los aportes.

“No estamos negando el tema de la aportación, que ese es un tema cívico, pero fue en un contexto. Entregarlo de esa forma y que el partido político no lo reportara no estaba en sus manos, intencionalmente él no podía cambiar ese curso. Ahora, la que tuvo el acercamiento con el partido político, el que tuvo los listados, el que hizo los pagos, el que hizo todas las gestiones fue Novaservicios a través de la señora Paulina Paiz”, dijo la defensa de Torrebiarte.

En tanto, el abogado de Castillo Villacorta dijo: “(…) la norma contenida en el artículo 407 no es reprochable al señor José Guillermo Castillo Villacorta. En los indicios presentados por el MP solamente se habla de cheques, ¿cómo puede entonces tratarse de encubrir, ocultar un aporte si se hace mediante cheques? Es conocidísimo que el rastreo de esas transacciones financieras son totalmente rastreables. ¿Dónde está entonces la intención de ocultamiento? Y aquí caemos a otro elemento: ¿quién tuvo esa idea de ocultamiento? ¿Y por qué se hace ese ocultamiento? ¿Quién tuvo ese dominio del hecho? ¿A quién se le ocurrió y por qué lo hicieron?”, expuso el abogado.

Mientras que la defensa de Felipe Bosch también solicitó falta de mérito. En su argumentación, el abogado indicó que la conducta de su cliente no es de “relevancia penal” y que el aporte dado a FCN-Nación, no lo hizo con la intención de que fuera anónimo. Además, resaltó el discurso dado en ENADE y que es una de las pruebas de convicción del MP; ya que considera demuestra su trayectoria.

“Se entiende su actuar en ese contexto político porque no lo hizo con el fin de obtener un beneficio (…) eso no existe”, señaló el abogado, al hacer referencia que las acciones se realizaron en las cercanías de un proceso electoral y con el precedente de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), había retirado la inmunidad al entonces presidente, Otto Pérez Molina, quien optó luego por renunciar al cargo.

“A él lo caracteriza una conducta y un carácter cívico y eso es lo que explica su actuar en esos días previos a la elección”, mencionó el abogado.

* *Con información de José del Águila