Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto La Hora/DPA/Europa Press/Presidencia de El Salvador.

Ante el aumento de los casos de coronavirus, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó ayer un decreto transitorio que prohíbe las concentraciones de gente en actos públicos y privados, exceptuando actividades culturales, artísticas y deportivas.

Quien incumpla la medida podría ser sancionado por un delito de desobediencia que acarrearía una pena de uno a tres años de prisión.

Políticos opositores y representantes de la sociedad civil criticaron de inmediato la decisión alegando que busca silenciar la libertad de expresión de la ciudadanía, que en las últimas semanas ha salido masivamente a la calle para protestar contra las políticas del gobierno del presidente Nayib Bukele.

El director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dijo que con este este decreto se criminaliza la protesta social.

El diputado Johnny Wright Sol, del partido Nuestro Tiempo, afirmó durante el debate plenario que la normativa «es una clara evidencia que para el gobierno existen aglomeraciones favoritas y otras que incomodan. Lo que aparenta ser es un decreto disfrazado para prevenir el aumento del COVID solo para un tipo de concentración».

Pero la vicepresidenta del Congreso, la diputada del oficialista Nuevas Ideas Suecy Callejas, negó que el objetivo sea silenciar las protestas.

«Para fomentar el morbo dicen que no queremos que se sigan concentrando y que sigan haciendo marchas. No es eso, ustedes pueden seguir haciendo las marchas que deseen, pero les pedimos que cumplan las medidas de bioseguridad», respondió Callejas.

«Cumplan con las medidas sanitarias, no lleven personas de alto riesgo para que luego de 15 días no tengamos un alza de casos», agregó.

El decreto transitorio —que entrará en vigor una vez se publique en el Diario Oficial— suspende hasta el 8 de diciembre toda concentración de personas en actos de carácter público o privado que impliquen concentraciones masivas, sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación y donde no se respeten los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud.

En las concentraciones permitidas por la norma será obligatorio el uso de mascarilla, el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la distancia social, y haber completado el esquema de vacunación.

El Ministerio de Salud será el responsable de emitir las medidas a cumplir para la realización de este tipo de eventos, incluyendo los límites de aforo y los requisitos que deben de presentar asistentes y organizadores, con sus respectivos comprobantes de vacunación contra el COVID-19.

La iniciativa se aprobó con votos de 62 de los 84 diputados del Congreso.

La prohibición coincide con el nivel más alto de contagios y fallecimientos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en el país.

Después de reportar menos de 100 nuevos casos al día, la cifra está ahora en 330, con 19 decesos, los peores datos hasta el momento. Según los datos oficiales, de los 14.495 casos activos — una de las cifras más altas registradas desde marzo del año pasado — 307 personas se encuentran en estado crítico y otras 704 graves.

Hasta ahora, el país centroamericano ha registrado 110.188 infecciones y 3.520 decesos, y más de 92.000 personas han superado la enfermedad.

El Salvador, la nación más pequeña de Latinoamérica con una población de 6,7 millones de habitantes, tiene planeado inmunizar a 5,7 millones de personas.

Hasta el momento ha recibido 12,7 millones de dosis de las vacunas de AstraZeneca, Sinovac, Pfizer-BioNTech, Moderna y Sinopharm. Desde el 17 de febrero, cuando arrancó la campaña, se ha suministrado la primera dosis a 4,2 millones de personas, mientras que 3,6 millones se pusieron ya la segunda, y más de 315.000 tienen también una tercera.

Diario La Hora
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