El marco legal

Todo cambió brutalmente el 16 de abril de ese año 2015 y generó la reacción ciudadana pero después lo demás es historia hasta llegar al desmantelamiento de la CICIG. Foto La Hora/archivo

La más socorrida cantaleta que se le escucha al Ministerio Público es que siempre actúa en el estricto marco de la ley, con lo cual se pretende justificar el que sea parte esencial del proyecto que busca afianzar el régimen de impunidad en el país y que tiene en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Poder Judicial a sus principales alfiles pero que requiere, por necesidad, mantener al ente encargado de la persecución penal en una actitud “cordial” porque no pueden permitir un resurgimiento de acciones penales en contra de los que históricamente en este país han podido hacer de las suyas sin temor a consecuencias judiciales. Entre esos favorecidos por la fortuna están los políticos de turno y los poderes fácticos, que son los reales, expertos en utilizar a los que por períodos de cuatro años llegan, según ellos, a ejercer el poder.

Es un hecho cada vez más claro cuál es el papel que cada quien está jugando en ese denodado esfuerzo por llevarnos de regreso a principios del año 2015, cuando nadie sentía temor ni sobresaltos por los desmanes hechos con la cosa pública. Eran épocas en las que con total desfachatez se trataba de engañar a la ciudadanía con proyectos como el de la agüita mágica del lago de Amatitlán o cuando con todo cinismo se podía decir que las implicaciones surgidas en negocios con Odebrecht eran apenas un “papelito shuco”, puesto que existía la tranquilidad y confianza de que aunque los medios denunciáramos corrupción, todo quedaría en llamarada de tusa porque en pocos días no sólo la proverbial indiferencia del guatemalteco los arroparía, sino que nadie iba a mover un dedo para adelantar investigaciones.

Todo cambió brutalmente el 16 de abril de ese año 2015, cuando fue formal y públicamente presentado el Caso La Línea de defraudación tributaria que implicaba al primer círculo de los asesores de la vicepresidenta Baldetti. Y como ella con su desfachatez se había hecho odiosa, la ciudadanía aplaudió cuando, finalmente, fue detenida y enviada a Santa Teresa, preludio de la posterior captura del mismo Otto Pérez Molina.

Lo demás es historia hasta llegar al desmantelamiento de la CICIG y de ese esfuerzo contra la corrupción, mismo que tuvo su verdadero triunfo final con la retoma del control del MP que había jugado un papel central en aquella batalla contra los pícaros. Y ahora el marco legal es el escudo para justificar los pasos finales que se dan y que se vienen para acabar con aquella que fue llamada la Primavera Guatemalteca.