El informe de la OEA, una oportunidad

Adrian Zapata

zapata.guatemala@gmail.com

Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

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Por: Adrián Zapata

Era difícil imaginar que la OEA iba a actuar en Guatemala de manera equilibrada. El gobierno al apelar a dicha instancia internacional y a la Carta Democrática Interamericana que invocó, seguramente estaba imaginando un actuar correspondiente a lo que ha sido la práctica histórica de esa organización. Me refiero a su secular sumisión a los Estados Unidos, a las fuerzas conservadoras en el continente y a la conducta reiterada de su actual Secretario General, Luis Almagro, por todos conocida. El bochorno que significó su participación en el golpe de Estado que se produjo en Bolivia fue una muestra grosera de dicha conducta, que afortunadamente se revirtió gracias a la lucha del pueblo boliviano y al oportuno papel que jugó la ONU, mediante el enviado del Secretario General, el señor Jean Arnoult, conocido por su exitoso rol mediador en los procesos de paz en Guatemala y en Colombia.

La designación de la Misión de la OEA que visitó el país, respondiendo a la solicitud del Presidente Giammattei, no planteaba buenos augurios, máxime que a la cabeza de ella fue nombrado el señor Fluvio Pompeo, lo cual aumentó la desconfianza sobre su desempeño.

Las expectativas del gobierno guatemalteco eran correspondientes con la subordinación de la OEA al gobierno norteamericano, en ese momento encabezado por quien era un aliado del pacto de corruptos nacional, en su denodada y coyunturalmente exitosa lucha por mantener la corrupción y la impunidad. Me refiero, obviamente, a Donald Trump.

Quiero aclarar que la denominación de “pacto de corruptos” no es precisa, porque en él han participado las cúpulas empresariales, que no necesariamente son corruptas, pero sin duda interesadas en que la aplicación de la justicia no perjudique sus intereses.

El cambio de la correlación de fuerzas en la institucionalidad estadounidense, en el ejecutivo y el legislativo, ha creado, como es del conocimiento de todos, una nueva situación respecto de la política hacia lo que denominan “el triángulo norte de Centroamérica”, particularmente, en este caso, respecto de Guatemala. Se restablece la política bipartidista y la conocida ley aprobada por el Congreso de ese país el 22 de diciembre pasado (Ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte y Estados Unidos) es expresión de esta nueva orientación. Aunque es conocida coloquialmente como la “Lista Engel”, por referencia al ponente de la misma, su contenido es sumamente amplio. Ella tiene catorce secciones y contempla una acción integral para enfrentar las causas de fondo de la migración, incorporando la corrupción como una de ellas, la cual se agrega a las relacionadas con la violencia y la pobreza prevaleciente en los territorios expulsores de su población.

Y, por supuesto, que la OEA no podía ignorar esta realidad.

Así que, como se dice popularmente, al gobierno guatemalteco y al pacto de corruptos “les salió el tiro por la culata”. El Informe de la OEA es muy positivo. Comparto la opinión de quienes han dicho que podría ser parte de una “hoja de ruta” para superar algunos de los problemas del país. Entendiendo que se produce en el contexto ya referido de la política estadounidense, debería ser una oportunidad para avanzar en un acuerdo nacional que persiga rescatar al país del proceso de cooptación que han impulsado exitosamente las mafias político criminales y el narcotráfico y que ha avanzado significativamente. Es una nueva oportunidad para el Presidente Giammattei, aunque es difícil pensar que la aprovechará. También es una oportunidad para que las cúpulas empresariales rectifiquen su camino de convergencia implícita con los poderes criminales, conducta que podría esperarse dada la afectación que sufrirían sus particulares intereses si no se alinean con la política imperial.

Y, de igual manera, es una nueva oportunidad para que los sectores progresistas que han luchado contra la corrupción y la impunidad se vean fortalecidos, siempre y cuando hayan aprendido la lección y no sean, de nuevo, víctimas del triunfalismo y prepotencia que a veces los caracteriza.