Ayer la Junta Directiva del Congreso reiteró sus razones para el antejuicio promovido contra los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad por haber dictado un amparo que ordena suspender el trámite de la iniciativa de Ley de Amnistía. Los diputados están pasando por alto que la Ley de Amparo establece que no hay ámbito que no sea susceptible de esa especial protección legal, diseñada precisamente para evitar y prevenir abusos y violaciones a la ley que conculquen el derecho de alguna persona. El avance de la ley cuestionada se constituye en un peligro para el derecho a exigir justicia que tienen todos los habitantes del país y por lo tanto no cabe ninguna denuncia penal en contra de los magistrados que, en ejercicio de sus funciones, decidieron que ese proyecto puede violentar ese derecho.

En efecto, nos guste o no nos guste, existe un derecho inalienable para que víctimas de los delitos que pretende exonerar y perdonar la Ley de Amnistía puedan demandar justicia. Eso fundamenta su derecho a buscar el Amparo y los magistrados, al comprobar que existe el riesgo de que se les pueda vulnerar su derecho, tienen la obligación de dictar las resoluciones que en derecho correspondan para preservarlo.

La claridad de la situación es tan obvia que sorprende que haya personas que no lo entiendan. Se comprende que algunos dinosaurios que pregonan libertad pero que pretenden imponer su criterio de manera dogmática y autoritaria despotriquen contra un procedimiento claramente basado en ley. También se entiende que un Congreso como el que tenemos, y especialmente con una Directiva como la que ellos mismos eligieron dentro del Pacto de Corruptos, no sólo no lo entiendan sino que, peor aún, vean aquí una oportunidad para lograr el acariciado sueño de descabezar a la CC. Al fin y al cabo ya les habían pagado a los de la Asociación de Dignatarios para que hicieran el trabajo sucio.

Ni legal ni moralmente cabe un antejuicio contra los magistrados que, constituyendo el Tribunal de Amparo, dictaron una resolución que pretende evitar el agravio a quienes fueron víctimas (directa o indirectamente) de los delitos cuyo perdón y olvido promueve la iniciativa de Ley de Amnistía. Es más, se le está ahorrando al país tiempo y recursos porque de ser aprobada esa ley su inconstitucionalidad sería tan notoria que obligaría a dejarla sin efecto.

Pero para ello hace falta un Tribunal Constitucional independiente que no se ponga de alfombra. Y en un país donde hasta el Presidente se pone de alfombra, una CC digna resulta molesta.

Redacción La Hora

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