Pedro Pablo Marroquín

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Esposo, papá, abogado y periodista. ¡Si usted siempre ha querido un mejor país, este es su momento de actuar!

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Pedro Pablo Marroquín Pérez
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@ppmp82

Hace un par de días el Congreso de la República ratificó sus intenciones de ir tras los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que han defendido el orden constitucional ante las ilegales decisiones del Presidente de la República y que, además, le han enmendado la plana al Congreso de la República y al Organismo Judicial en algunas de sus resoluciones.

El Congreso inició acciones legales en contra de los magistrados porque según ellos la CC le está vedando al Legislativo cumplir con su función constitucional, pero como dice hoy Eduardo Mayora en su columna en Prensa Libre:

“En mi opinión, las bases de la querella son erróneas, pues, en nuestro sistema, de acuerdo con la Constitución, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y este procede, también, contra “amenazas” de violación de derechos y no solamente contra infracciones ya cometidas”.

Y eso fue justamente lo que hizo la CC, pero el punto es que la resolución de la Corte Constitucional está sirviendo como la excusa perfecta para todos aquellos que entienden que la total implementación de la dictadura de la corrupción y la impunidad pasa por tener corte ad hoc que satisfagan los intereses de unos pocos.

Por eso me llamó la atención cómo, los que claman por certeza para los negocios, se subieron al barco de Jimmy Morales para culpar a la CC por las amenazas de Donald Trump que no son más que el producto del cargo de conciencia que tuvo Morales por andar con Mario Estrada y que, con el afán de no parar como Juan Orlando Hernández (por ahora), fue a ofrecer el país y luego se quiso echar para atrás usando a la CC como excusa.

Que sí tenemos que ver cómo se eligen nuestros jueces, incluidos los magistrados de la CC, es una necesidad irrefutable y tan sólida como la necesidad de reformar el Sistema de Justicia; pero mientras eso llega los magistrados no pueden ser perseguidos por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus cargos.

Pasa lo del Tercer País Seguro y se culpa a la CC y no a Morales; pasa algo con una resolución que conlleva explotación de recursos, se concentran solo en la CC pero nadie habla de la necesidad de transparentar los procesos y los requisitos a cumplir; se incumple una resolución de la Corte y en lugar de criticar esa ilegalidad, buscar argumentar que el fallo era ilegal.

La gente que está desesperada, los que están ansiosos por asegurar impunidad y seguir transitando en la supercarretera de corrupción están cayendo en la tentación. Pero así como fortalecer a la FECI es una necesidad económica para atraer capitales serios e incentivar a los buenos capitales locales, tener la certeza que lo que resuelve la CC se cumple y que los magistrados no serán perseguidos por las mafias de turno, es fundamental.

Yo creo que debemos hacer una revisión completa del sistema y por eso hace unos años apoyé el esfuerzo de la reforma constitucional, porque sin esos ajustes el futuro no pinta bien. Pero mientras llegue ese momento, lo que desean hacer contra los tres magistrados de la Corte no solo es ilegal sino un acto de los operadores de quienes anhelan vivir en una dictadura de corrupción e impunidad y a ellos el Congreso sí los representa.

Diario La Hora
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