La mejor prueba de que nada ha cambiado respecto al podrido financiamiento electoral está en el caso de Mario Estrada, capturado en Miami luego de haber sido filmado al negociar con supuestos miembros del Cártel de Sinaloa que resultaron en realidad ser agentes de la DEA que se hicieron pasar por narcotraficantes. De la misma manera en que Estrada estaba listo y dispuesto para recibir un aporte millonario en dólares, cualquier candidato puede seguirse beneficiando de las enormes fisuras que existen en la legislación sobre un tema tan delicado que hasta compromete la existencia misma de la democracia en el país.
Porque el tema de fondo sigue siendo que los financistas, usando dinero ilícito o lícito, compran la conciencia de los candidatos para que éstos pongan al Estado a su servicio exclusivo y por ello es que en Guatemala no existen políticas públicas de atención a las necesidades de la población porque todo el aparato del Estado, desde hace tiempo, ha sido capturado por quienes financian las campañas y por esa vía acumulan negocios y privilegios que van desde la garantía de que se dejará libre el trasiego de drogas, hasta la certeza de que las decisiones de Estado serán para proteger los privilegios y negocios de quienes donaron recursos a los candidatos.
Difícil establecer qué fue primero, si el huevo o la gallina, puesto que el financiamiento de los narcos y el de los privilegiados viene de mucho tiempo atrás. Sostenemos que el proceso se empezó a viciar desde el principio, cuando en 1985 el financiamiento que significó la campaña sin costo en la televisión para los principales candidatos presidenciales se tradujo nada más y nada menos que en la negociación de las frecuencias para generar el monopolio a favor del grupo que pertenece al señor Ángel González. Desde entonces quedó claro que el financiamiento no era de gratis sino que implicaba compromisos que los presidenciables tenían que honrar en el futuro en perjuicio no sólo de los intereses del pueblo, sino de la legalidad misma y de la decencia.
Ese primer financiamiento abrió las puertas para la lluvia de dinero que caracteriza nuestro sistema electoral y el crimen organizado vio el camino despejado para operar de la misma manera como lo hacían ciertos “empresarios” que realmente tienen mentalidad de señores feudales. Empezó con el poder local y financiando diputaciones, pero hay abundante información sobre presidenciables que recibieron dinero del narco.
El tema Estrada tiene que entenderse como parte de un sistema pervertido por oscuros y malsanos intereses que atentan contra la democracia.
