Por normativa legal el Estado tiene la obligación de atender a la niñez y adolescencia que se encuentran en desamparo y aquellos que entran en conflicto con la ley y que por su minoría de edad no pueden ser considerados como delincuentes. Sin embargo, no existen políticas efectivas para su atención en los centros administrados por la Secretaría de Bienestar Social y ahora que estamos por conmemorar el segundo aniversario de la tragedia del mal llamado Hogar Seguro, las investigaciones periodísticas realizadas permiten comprobar que persisten las condiciones lamentables que dieron lugar a lo que ocurrió el 8 de marzo del año 2017.
Una tragedia que debió servir para que la sociedad abriera los ojos respecto al secular descuido hacia esos menores en condiciones de vulnerabilidad no ha servido absolutamente para nada porque el Gobierno se preocupó más por esquivar cualquier tipo de responsabilidad penal y no implementó acciones para prevenir los abusos que fueron la causa esencial de lo ocurrido cuando 41 mujeres murieron en ese centro de atención que funcionaba como centro de detención.
La Hora había publicado abundantes reportajes sobre las deplorables condiciones de esos centros mal administrados por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República que se convierte, como casi todas las dependencias, en reducto para los paniaguados de los gobernantes, lo que repercute en la ausencia de noción elemental de lo que debe ser su responsabilidad porque simplemente se trata de mantener a los cuates que, en este caso, eran aquellos que tuvieron algo que ver con la “carrera artística” (si así se le puede llamar) de quien por un loteriazo llegó a la Presidencia.
Nunca se hizo absolutamente nada antes de la tragedia y, lo peor, tampoco después de que se produjo ese fatal incendio. Nuestros niños y adolescentes recluidos en esos centros no son debidamente atendidos ni se trabaja en la rehabilitación de los que han entrado en conflicto con la ley. Son explotados y sometidos a servidumbres inhumanas y empujados a una vida lamentable por la falta de educadores serios y responsables que se hagan cargo de su formación integral.
La sociedad misma no reaccionó ante la tragedia porque ve a esos menores como maleantes y no como lo que son, es decir, víctimas de un sistema que no ofrece oportunidades serias a niños abandonados o que incurrieron en actividades ilegales.
Es más, ni siquiera el Sistema de Justicia ha podido operar con eficiencia en este caso que sigue languideciendo, como tantos, en la entrampada administración encargada a los tribunales del país.
