Guatemala dio un primer paso en la ruta del rescate del sistema de justicia, pero hay que entender que se trata, sin duda alguna, de la más inmensa tarea a lo largo de la historia del país, tomando en cuenta el nivel no solo de descomposición sino –sobre todo– de contaminación que se produjo. La investidura del nuevo Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, fue bien recibida por la población que celebró el fin del doble período de Consuelo Porras en ese cargo.
Todos sabemos lo que se debe hacer, pero también debemos entender que destapar la podredumbre no será cosa sencilla, sobre todo porque hay una infinidad de casos en los que el Ministerio Público, lejos de investigar los crímenes cometidos, se dedicó a encubrirlos, destruyendo todas las pruebas. Solo en el tema de lavado de dinero la cantidad de denuncias que envió la Intendencia de Verificación Especial es inmensa y constituye, posiblemente, una de las piezas más importantes, pues aunque el MP haya enterrado o destruido las evidencias, las mismas siguen en poder de la IVE y a partir de ellas se puede no solo perseguir el delito, sino también su encubrimiento malicioso.
La decisión de eliminar la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que manejó Rafael Curruchiche es un importante acierto, porque se convirtió en la mayor herramienta del encubrimiento. No dudamos que hay mucha gente honesta en el Ministerio Público y ellos serán los que puedan aportar información certera de todo lo que se hizo y lo que se dejó de hacer para que, a partir de las pruebas que se vayan recabando, no solo se enderece el rumbo sino que, y esto es muy importante, se castigue a los que deliberada y maliciosamente destruyeron importantes casos.
Siempre hemos creído que la justicia tiene dos ángulos importantes; por supuesto que lo primero es el castigo a los criminales y la reparación a las víctimas, pero también tiene que ser un mensaje para todos los ciudadanos en el sentido de que quien la hace la paga. Y para evitar que la descomposición del MP se vuelva a dar es imprescindible que todos los que actuaron para encubrir la corrupción y asegurar impunidad a los “amigos” de Consuelo Porras, paguen las consecuencias legales de sus delitos.
Todos quisiéramos ver acciones inmediatas, pero lo más importante es que sean acciones bien fundamentadas, porque ya sabemos la astucia de los mafiosos y -hay que decirlo- las carencias de nuestro sistema de justicia que no cambiará hasta que se vayan adoptando las medidas y se dicten, con sólido fundamento, las sanciones ejemplares que hacen falta.
Y para dar a los buenos jueces paz y tranquilidad que su carrera judicial estará protegida si actúan de conformidad con la ley, es que necesitamos que el rescate del MP vaya acompañado de una reforma judicial que pocos quieren por obvias razones, pero que es tan fundamental como las remesas.
