Si bien es cierto que de acuerdo con el refrán un hecho aislado no cambia las cosas, en el caso de la fraudulenta elección de Rector de la Universidad de San Carlos el fallo inesperado del Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Civil puede tener una enorme trascendencia luego de que otorgó un amparo provisional que ordena suspender la votación del Cuerpo Electoral Universitario, mismo que fue utilizado por Walter Mazariegos para consumar su segundo fraude. Ello se suma a los reparos formulados por la Contraloría de Cuentas que denunció penalmente al actual “Rector” por la comisión de delitos que, para variar, no han sido investigados por el Ministerio Público.
Obviamente tenemos que tomar en cuenta que Mazariegos forma parte del andamiaje montado por los grupos dedicados a la corrupción que lo han favorecido a cambio del papel que puede jugar por el peso que la rectoría tiene en las postuladoras, lo que ayuda a mantener el régimen de impunidad. Y esos grupos se moverán -o se dejarán de mover, como el Ministerio Público- porque no quieren perder una pieza que ha sido crucial para garantizar la total cooptación de la justicia en el país y de esa cuenta el amparo provisional puede quedar sin efecto si así lo dispone alguna de las muchas Salas de Apelaciones que funcionan dentro del redil.
Conocer las maniobras realizadas para mantener ilegalmente al Cuerpo Electoral es importante y pueden verse importantes detalles en la nota publicada ayer sobre el particular, lo que permite entender claramente el sólido fundamento que tuvo la resolución del juzgado que conoció el amparo interpuesto por electores universitarios que fueron dolosamente marginados porque les suprimieron su derecho a elegir al Rector de la Universidad Nacional. Con mínimo sentido de la justicia se entiende perfectamente el fallo y se puede tomar conciencia de lo que pueda ocurrir en las siguientes instancias para marcar, con tacha imborrable, a quienes pretendan convalidar esa sucia elección.
Aparte está el tema de la Contraloría de Cuentas que no otorgó finiquito a Walter Mazariegos y además presentó denuncias formales ante el Ministerio Público por delitos detectados en el desempeño del cargo al frente de la Usac. Por supuesto que, como pasa con Morales, Giammattei, Martínez y cualquier allegado a Porras, el MP no mueve un dedo ni avanzan investigaciones que ellos deciden enterrar, pero las denuncias están allí y ojalá el próximo Fiscal General decida proceder como corresponde, no solo en el caso de la Usac, sino analizando todo lo que durante estos ocho años ha sido encubierto en el Ministerio Público convertido en garante de impunidad.
