Ya va a cumplirse un año desde que el Ejecutivo envió al Congreso de la República la iniciativa de Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo, con la que se pretende evitar que Guatemala entre a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En la práctica, lo más importante es que ello daría al país un instrumento efectivo para enfrentar uno de los grandes efectos de la corrupción así como de la participación del crimen organizado (incluyendo al narco) a lo largo y ancho del país.
Ayer, por enésima vez, se rompió el quorum en el Congreso justo cuando se iba a entrar a conocer esa importante ley, con lo que se envía un clarísimo mensaje de que la mayoría de los diputados guatemaltecos no solo no están interesados en el tema, sino que no quieren que haya mecanismos legales para perseguir el lavado de dinero y amplíen facultades a entidades como la Superintendencia de Bancos, por medio de su Intendencia de Verificación Especial, para seguir la pista de los capitales mal habidos, producto de diferentes acciones delictivas.
Los diputados de la UNE y de Vamos abandonaron el pleno y a ellos se sumaron algunos de los bloques Valor, Nosotros y Cabal, lo que los pinta de cuerpo entero. Y es curioso que sean las mismas bancadas cuyos diputados votaron por Roberto Molina Barreto y Luis Rosales (pese a la sanción por temas de China) tras el intenso lobby antiembajada. Importante matizar que son esos mismos congresistas que no quieren la ley antilavado y que con sus conductas se acercan más al lavado que a los esfuerzos para contrarrestarlo. John Barrett tiene que recordar sus palabras cuando vino a Guatemala y habló del tema de lavado y el narcotráfico, porque ahora las acciones ejecutadas evidencian una doble agenda en el Congreso que deberá dilucidarse.
Hoy cabalmente en su columna en Prensa Libre, José Alejandro Arévalo comenta la parte de las memorias del doctor Juan José Arévalo cuando abordó su confrontación con el entonces recién enviado Embajador de Estados Unidos a Guatemala, quien vino a proteger a la United Fruit Company, situación que aprovecharon muchos conocidos personajes para subirse al carro de la “Reforma” de la misma manera en que ahora otros usan el carro de “Cayalá” pero sin compartir toda la información y con compromisos a medias.
Estados Unidos insiste en mostrarse contra cualquier expresión de crimen organizado y especialmente del narcotráfico, pero deben entender que muchos, incluidos diputados, hacen lo necesario para que esos flagelos vivan placenteramente en Guatemala. Una es la justicia a favor de la impunidad y la otra la ausencia del fortalecimiento de normas que impidan el lavado del dinero producto de acciones criminales.
El salir despetacados del pleno envía una clarísima señal, misma que Cayalá debe dimensionar.
