Salvo el caso de la universidad pública, donde la ilegalidad es burda al nivel de Walter Mazariegos, quedó confirmada ya la conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad, aunque la designación de Julia Rivera Aguilar, electa por el Consejo Superior Universitario de la Usac, se encuentra impugnada por la denunciada utilización de documentos falsos en su acreditación profesional. Y dada la importancia y peso que tiene la CC en el Estado de Derecho en Guatemala, es obvio que cualquier cambio en el sistema legal del país para rescatar la justicia tiene que contar con el visto bueno de esa alta instancia judicial. Por vez primera la Corte estará integrada mayoritariamente por mujeres, siendo Roberto Molina Barreto el único varón entre los magistrados titulares, detalle importante porque ojalá no sirva para perpetuar el uso de la ley de femicidio como instrumento para proteger a funcionarias del Estado que son señaladas por incurrir en ilegalidades o corrupción.
El sistema legal de Guatemala requiere un auténtico borrón y cuenta nueva porque muchos magistrados a lo largo de la historia de la Corte de Constitucionalidad han sido pieza fundamental en la cooptación de todo el sistema de justicia en el país. Nester Vásquez y su alianza con aliados del crimen organizado, por citar un solo ejemplo, pasará a la eterna historia. La que fue ideada como una última y suprema instancia para asegurar la legalidad y evitar abusos, terminó siendo la pieza clave y fundamental de la cooptación del sistema que, con jueces y magistrados apañando la impunidad, avalados por una Fiscalía, cuyo principal propósito y cometido es el de enterrar los casos relacionados con el saqueo de los fondos públicos, terminó dinamitando el sistema de derecho, como lo han confirmado prácticamente todas las instancias nacionales o internacionales que han analizado la situación de nuestro esquema judicial.
La conformación de la CC fue reflejo del afanoso esfuerzo hecho para preservar un sistema que, manipulado maliciosamente desde hace muchos años, fue minando el régimen de legalidad, al punto de que hasta se recurrió al cabildeo internacional, mismo que no dio toda la información necesaria, por ejemplo, para evitar la influencia de China en esa elección. Lo que ahora tenemos es resultado de ese empeño, pero siempre se debe mantener la activa participación ciudadana para demandar que se concrete la ruptura de ese descalabro impuesto con la única y exclusiva finalidad de garantizar impunidad a los ladrones y la persecución judicial para todo aquel que critique el sucio modelo.
Esperar que mágicamente se produzca un borrón y cuenta nueva es imposible, pues se logró preservar la mayoría que demanda la defensa del modelo de impunidad. Pero en la medida en que los ciudadanos dejemos de ser indiferentes, permaneciendo atentos y señalando los vicios en que se pueda incurrir, podemos forzar a los menos cínicos y quienes desean asumir un compromiso para que, pensando en cómo pasarán a la historia, decidan simple y sencillamente resolver todo de conformidad con la ley.
