En el momento en que fue trasladada a un sitio de aislamiento, María Marta Patricia Castañeda Torres, pareja de Aldo Dupie Ochoa, alias el “Lobo”, expresó que se le estaban violando sus derechos humanos y que actuaría legalmente en contra de la orden que la envió a una celda en el Centro Preventivo Mariscal Zavala. Y, en efecto, sus abogados presentaron una acción para impedir el aislamiento y, por esas “casualidades” tan propias de nuestro sistema de justicia, el caso fue asignado a la jueza, ya célebre por sus fallos, Abelina Cruz Toscano, quien inmediatamente ordenó que terminara el aislamiento que se había dispuesto.
La señora Castañeda Torres forma parte de una de las organizaciones que no solo en Guatemala sino internacionalmente han sido calificadas como terroristas. Terrorismo, según el diccionario, es quien ejerce dominación por medio del terror así como la “actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente, y por lo común de un modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos”. Para ella el aislamiento significa no tener acceso a vías de comunicación con el exterior y lo que se busca con esa medida es evitar cabalmente que desde las prisiones se puedan girar órdenes como las que se dictaron el domingo 18 de enero para matar a 10 miembros de la Policía Nacional Civil.
¿Qué sentirán muchas de las víctimas al oír a la señora Castañeda Torres hablar de derechos?
Ciertamente los ciudadanos sometidos a prisión, incluyendo a los pandilleros, tienen ciertos derechos, pero si el ejercicio de los mismos pone en peligro a otras personas es natural y justificado que se puedan restringir para evitar que otros reos puedan proporcionarles teléfonos u otros medios de comunicación para operar con miembros de su pandilla que están en libertad.
No deja de llamar la atención que la designación de Abelina Cruz, sustituyendo a la jueza Claudette Domínguez a quien correspondía llevar el caso, haya sido por una decisión expresa del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, según dicta el acuerdo 17,908 de esa dependencia. Hemos venido señalando cómo ciertos casos muy sonados van a parar a determinados tribunales que se caracterizan por favorecer a sindicados de delitos graves, como fue el caso del ex ministro Alejandro Sinibaldi y sus hermanos, Manuel Baldizón, Estuardo Galdámez, Juan de Dios Rodríguez y otros personajes que fueron acusados de algún acto de corrupción, siendo exonerados de responsabilidad por decisión de la juzgadora Abelina Cruz.
Bukele se ha convertido en un gobernante apreciado y respetado por su pueblo por las acciones que tomó para controlar la violencia de maras o pandillas que extorsionaban y asesinaban a salvadoreños. Sin creer que se deba llegar a extremos, es indudable que ejercer control sobre lo que hacen o pueden ordenar desde las cárceles es fundamental para garantizar la vida de muchos inocentes.
