Tras la convocatoria formal para que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala designe a un magistrado titular y un suplente de la Corte de Constitucionalidad, ya se presentaron algunos amparos cuestionando la legalidad de esa acción. Y es que el CSU está ahora integrado por una mayoría de sus miembros que permanecen allí pese a que venció el período para el que fueron nombrados. Es más, se advierte que algunos que son “representantes estudiantiles” dejaron ya de ser estudiantes de la Usac, pero por ser afines a Mazariegos, el Rector que lo de Magnífico queda a deber, han continuado en sus lugares.
La integración de la Corte de Constitucionalidad es pieza clave del régimen de legalidad en el país y por ello no se puede aceptar que nazca como árbol torcido que nunca podría enderezarse si se conforma a partir de acciones espurias como sería la de un Consejo Superior de la Usac que maliciosamente no ha sido renovado de conformidad con la ley que rige a la única Universidad Estatal. Todos sabemos que uno de los esfuerzos más productivos de la alianza que hicieron los operadores de la corrupción en Guatemala ha sido el del control del sistema de justicia y cabalmente ese mismo sistema fue el que avaló la discutida elección del actual Rector, pues sabían que su papel podría ser clave en momentos decisivos como el que ahora vivimos.
En los Amparos se ha hecho ver que Walter Mazariegos ha bloqueado burdamente la renovación del Consejo Superior Universitario, de manera que 28 de sus miembros, que ya debieron haber sido sustituidos por otros electos legalmente, siguen en sus puestos mientras una plaza más permanece vacante por maniobras maliciosas. Evidentemente Mazariegos tiene un serio compromiso con quienes le avalaron la elección como “Rector” y ahora tiene que pagar la factura correspondiente, siendo pieza clave en la designación de los Magistrados de la CC electos por esa institución académica.
Para efectos del rescate de nuestro sistema de justicia es indispensable velar por la conformación de la Corte de Constitucionalidad y las postulaciones para Fiscal General de la República. No es casualidad lo que ha venido ocurriendo a lo largo de muchos años puesto que es más que obvia y está más que probada la acción maliciosa de los grupos involucrados en el saqueo de los fondos públicos para copar el sistema judicial, de manera que les brinde la más absoluta impunidad y que, además, persiga a quienes denuncian las perversidades del sistema.
Un Consejo Superior Universitario integrado por representantes que ya no tienen legitimidad es la raíz de un árbol que quieren que nazca torcido.
