En La Hora, mediante el uso de la tecnología digital, hemos logrado dar seguimiento a varias compras y contrataciones del Estado y gracias a ello hemos descubierto anomalías que, al ser publicadas, obligaron a las autoridades a dar marcha atrás por la evidencia certera de vicios en las operaciones. Afortunadamente la Contraloría General de Cuentas ha considerado algunas de esas publicaciones y ha intervenido para realizar la necesaria fiscalización que debiera ocurrir en prácticamente en todo lo que tiene que ver con el gasto público dado el nivel de corrupción al que ha llegado el país.
Ahora, luego de que el Presupuesto para el 2026 quedara anulado por decisión de la Corte de Constitucionalidad, se plantean ampliaciones presupuestarias que, por supuesto, en buena medida tienen que ver con los famosos Consejos de Desarrollo que se convirtieron en pieza fundamental para muchos funcionarios y diputados que saben cómo se puede operar con dichas entidades. Si el Ministerio de Finanzas y la Contraloría de Cuentas hacen uso de la tecnología para seguir la pista al dinero y ver qué asignaciones se han hecho y el nivel de realización de las obras, además de la determinación de precios realistas en cada una y la calidad de los oferentes, seguramente que los pobladores de las distintas comunidades podrían recibir real beneficio con el gasto público.
Todas esas facilidades que ofrece la tecnología actual, mediante la cual aún un equipo pequeño como el de investigación de La Hora ha logrado detectar negocios sospechosos, deben servir para seguir el trazo de todos los proyectos de obra en el país, especialmente los asignados a los Codedes porque ya sabemos que ha sido, es y seguirá siendo la caja chica de los diputados y sus aliados/socios. No es cosa del otro mundo ni requiere de complejos modelos o sistemas de cómputo; simplemente se trata de que realmente haya alguien que esté comprometido con la fiscalización efectiva porque, repetimos, es relativamente fácil poder seguir tanto las asignaciones como las calidades de los contratistas y el avance real de las obras o compras que realiza el Estado.
En el caso de Guatemala, tristemente, ocurre que desde hace muchos años -pero especialmente a lo largo de los tres gobiernos que precedieron al actual- se creó un entramado que facilita la corrupción y que, por si ello no fuera suficiente, garantiza impunidad a los funcionarios que se embolsan el dinero y a los contratistas que se enriquecen mediante obras o suministros de pacotilla. Y en este año preelectoral el tema de los Codedes tiene que ser visto con detenimiento pues ya sabemos que allí es donde se colectan millones para financiar campañas electorales tanto de alcaldes como de diputados y hasta presidentes. Si el Gobierno ha optado esos caminos para el Presupuesto 2026 debe responder con masiva fiscalización e incentivar y apoyar a la Contraloría para que se haga lo mismo.
Hemos botado varios negocios simplemente usando la tecnología para realizar investigaciones sobre el gasto público y si eso puede hacer un medio de comunicación, cuánto más podría hacer la Contraloría y el Ministerio de Finanzas.
