Se ha dicho que la Corte Suprema de Justicia elegirá, al fin, a quien deberá presidir el sistema de justicia en este crucial período de la historia del país en el que se decidirá si Guatemala puede librarse de las ataduras implantadas por la corrupción y aprovechadas por toda clase de criminales, desde narcos hasta pandilleros. Los nombres que se mencionan como parte del “acuerdo” son Mauricio Corado y Claudia Paredes, ambos sancionados por Estados Unidos quitándoles la visa, y es importante recordar que fue por Paredes que la representante republicana por Florida, Elvira Salazar, emitió la carta.
Es obvio que vivimos momentos críticos en nuestro país; el enfrentamiento con las pandillas que ya cobró la vida de 10 agentes de la Policía Nacional Civil no es una casualidad ni un hecho aislado, sino una muestra de hasta dónde están dispuestas las mafias a llegar con el objetivo, vital para esos grupos, de mantener el control de instituciones vitales como el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.
Durante años los ciudadanos guatemaltecos hemos mostrado indiferencia y escasa preocupación por los movimientos que se han hecho para tomar el pleno control de las instituciones. Vimos que la Universidad de San Carlos de Guatemala, vital en esos procesos de postulaciones, fue tomada mediante el manejo del proceso de elección de Rector para garantizar que sea un pivote fundamental de todo lo que ahora nos toca vivir en este año 2026. Y por ello la elección de Presidente en la Corte Suprema de Justicia es una jugada esencial y determinante para mantener el control de la mayoría de postulaciones.
No podemos seguir siendo indiferentes cuando vemos que tanto las pandillas como los cárteles de la droga viven en un paraíso gracias al régimen de impunidad que implantaron los ladrones que se enriquecen con el mal uso de todos los fondos públicos. Inicialmente la idea era que solo los ladrones del erario y sus contratistas o proveedores fueran los premiados con la impunidad, pero quienes mueven mucha plata, producto del tráfico de drogas o de la extorsión, tienen tanto o más dinero que los operadores corruptos y un sistema judicial en venta al mejor postor no les iba a despreciar.
Es momento de cerrar filas y dejar nuestra indiferencia. Nos estamos jugando el futuro del país y de las nuevas generaciones porque de extender por otro período ese control de las mafias sobre la justicia, la fiscalización y el control de las elecciones significa hundir irremediablemente el Estado de Derecho de Guatemala. Los magistrados deben saber que están en los ojos de un pueblo decidido a luchar por la transformación del país para no incurrir en una gran barrabasada.
