La opinión pública está centrada en el tema de los violentos ataques realizados contra agentes de la Policía Nacional Civil como reacción a los operativos realizados en centros de detención para quitar privilegios a miembros de las pandillas que, estando presos, no solo vivían a cuerpo de rey, sino que desde allí podían seguir dirigiendo las extorsiones y hasta asesinatos. El dolor de las familias de esos agentes ha conmovido, con toda razón, a la ciudadanía que observa con preocupación el efecto que ha tenido la forma en que funcionarios de sucesivos gobiernos han recibido sobornos para permitir ese trato preferente a los delincuentes.
En su declaración el detenido Harol Salguero, apodado Liro Rebelde, al ser preguntado por su “oficio o profesión” respondió con una sola palabra: “Pandilla”. En la audiencia las autoridades indicaron que incautaron un teléfono celular donde consta la participación de Salguero en los ataques contra los agentes de la PNC, información a la que únicamente tuvieron acceso las partes por decisión del juez.
Pero no deja de extrañar la decisión del fiscal que lleva el caso, puesto que al fijar la posición del Ministerio Público se limitó a pedir que el sindicado fuera sometido a proceso por los delitos de portación de arma de fuego, así como por los delitos de promoción y fomento. Se puede pensar que fue un descuido, pero también deja dudas sobre el papel que juega la fiscalía frente a la ofensiva de los grupos criminales que asesinaron a 10 agentes de la Policía Nacional Civil en lo que, obviamente, es una ofensiva contra las autoridades que eliminaron los privilegios que sus antecesores garantizaron, durante muchísimos años, a los reclusos de los penales mediante el pago de jugosas mordidas.
Cierto es que posteriormente se le podrá ligar por otros delitos más graves, pero en este momento crucial, cuando es indispensable ir sentando precedentes para acabar con aquellos arreglos sucios que se han convertido en parte de la tradición tanto del sistema penitenciario como del sistema de justicia, no deja de extrañar que se ignorara la posible participación de alguien que fue detenido, precisamente, tras los asesinatos de los agentes del orden.
No olvide el lector que una vez ligan a proceso a alguien, se abre la fase de investigación y quedando en prisión, la fiscalía tiene 3 meses para seguir recabando pruebas para que, cuando se les acuse previo al juicio, se fortalezcan los elementos y por eso la excusa que dio el MP no fue bien recibida por buena parte de la sociedad que entiende el rol que la impunidad ha jugado en este tipo de ataques contra la autoridad y la integridad de todos los guatemaltecos.
Hay que entender que la cooptación de toda la institucionalidad que han hecho los operarios de la corrupción y el crimen organizado, y que pretenden perpetuar tras los procesos de postulación de este año, es tremenda y de ello parten esos pactos entre funcionarios y líderes de las pandillas para ser tratados con preferencia en los centros de detención. El Gobierno no debe cesar en su intento por aislar de verdad a los criminales para que las cárceles dejen de ser spas para atender criminales.
