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Derivado de información que proporcionaron a La Hora fuentes que pidieron no divulgar su nombre, el equipo de investigación de La Hora realizó un trabajo relacionado con el impactante crecimiento de una empresa que de facturar 1.3 millones al Estado, pasó a una cifra impresionante de 153.2 millones en apenas doce meses, todo después de un proceso de licitación para compra de motos del Ministerio de Gobernación en el que no logró calificar por las dudas que generó en la junta de licitación la constancia que presentó la entidad en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE).

Las fuentes señalaron que el milagro financiero se produjo por vínculos con el diputado Luis Aguirre, quien niega tal extremo y formalmente no aparece vinculado con la entidad Distribuidora Siloe, Sociedad Anónima, alrededor de la cual giran varias empresas que tienen la misma sede o comparten accionistas fundadores. Las fuentes hablaron de al menos varias sociedades, pero la investigación de La Hora, revisando documentos oficiales del Registro Mercantil, únicamente permitió identificar algunas con tales vinculaciones.

No es el primer caso de empresas que con un cambio de gobierno tienen un marcado crecimiento, pero tras consultas que se hicieron con funcionarios de los ministerios de la Defensa y de Educación, que asignaron contratos a esas empresas, se puede ver lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo. La Ley de Compras y Contrataciones no está hecha para fiscalizar eficientemente el gasto público y urge que sea reformada.

El ministro de la Defensa,  Henry Sáenz, tras explicar cómo fue que se hicieron las adjudicaciones a Siloe, dijo que para evitar situaciones como las que analizó con reporteros de La Hora, la solución debe venir del Congreso para regular, entre otras cosas, que empresas que tienen múltiples giros comerciales no puedan ser contratistas del Estado o declarar bajo juramento que no tienen vínculo político. Según el ministro, “La mayoría de proveedoras del Estado, en su giro comercial, venden desde satélites hasta cloacas y tristemente, no es una respuesta muy esperanzadora, pero es común ver a empresas con giros muy raros”, dijo.

Por su parte, el viceministro técnico de Educación, Francisco Cabrera, al hablar de la adjudicación de compras por más de 121 millones en un contrato de utensilios de cocina que no se ha concretado aún, claramente señaló que todo lo que pasa ocurre por la Ley de Compras y Contrataciones que, según él, “es muy compleja y está rebasada”, haciendo referencia a que los plazos son muy largos y dificultan la ejecución.

Pero todo este caso ilustra la situación de las compras y contrataciones del Estado bajo una Ley que fue perfeccionada por el sistema y durante años para facilitar los arreglos en el uso de los fondos públicos y no para garantizar la transparencia. Cuando se le preguntó a Aguirre por esos cambios y reformas, se excusó diciendo que es un tema en el que no está familiarizado y que necesita analizar antes de emitir opinión. Creemos que ese tema tiene que ser abordado por la sociedad para forzar a los diputados a emitir una norma técnica que sea instrumento para cambiar los procedimientos que fueron impuestos por las mafias de las que tanto nos hemos quejado.

Redacción La Hora

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