En términos generales se puede decir que las sociedades generalmente se dividen por discrepancias respecto a la forma de ver las cosas y llevar la vida, creándose grupos confrontados que pueden ser de comunistas o anticomunistas, liberales o conservadores, socialistas o los que creen en las leyes del mercado, dogmáticos o librepensadores. Pero en el caso de Guatemala es obvio que la principal división existente es entre el bando de las mafias que tienen secuestrada a la justicia y el de quienes creen en la necesidad de rescatar no solo esa justicia sino también los principios y valores.
Esto viene a cuento luego de la elección realizada en el Colegio de Abogados en la que no hubo una confrontación ideológica sino claramente una lucha entre esos dos bandos que son una realidad ineludible de nuestro país, con las instituciones secuestradas desde hace muchos años por mafiosos que usan al Estado únicamente para su propio beneficio, a costa del perjuicio a la población en general. En la segunda vuelta se vio cómo operaron los grupos que pretenden continuar con esa cooptación, al punto de que sin el menor rubor hicieron llamados públicos para apoyar a la planilla que realmente los representaba, pues sintieron pasos de animal grande cuando vieron que eran muchos los abogados que mostraron su hartazgo por la descomposición que ha causado la corrupción.
La planilla ganadora tiene una enorme responsabilidad. Se debe responder a la intención de fortalecer la institucionalidad, en este caso del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y decimos que es una jugada inesperada porque Walter Mazariegos, Nester Vásquez y compañía, pensaron que iban a tener pleno en la comisión. Saavedra y Ortiz deben trabajar por la democracia sin ceder a los caprichos de Samuel Pérez u otros actores, porque de su actuación pueden evidenciarse las maniobras de lo que será en la comisión, la mayoría dominante.
Mucho de lo que pase en esta comisión, lo querrán recalcar en las conformaciones y/o postuladoras de la Corte de Constitucionalidad y para Fiscal General de la República. No pueden dejarse llevar por compadrazgos generados por afinidades supuestamente ideológicas, sino que deben anteponer a toda costa los principios y valores necesarios para el rescate de la institucionalidad del país. Y es de reconocer y admirar el papel de la mayoría de abogados que, al emitir su voto, decidieron que llegó el momento de cambiar ese rumbo de país, destructor de la justicia más elemental y promotor de facilidades para las mordidas, el narcotráfico y la operación de otras formas de crimen organizado, beneficiarios todos del régimen de impunidad actual.
Fueron muchos los que dejaron de ver con indiferencia o resignación el manejo de los asuntos nacionales y decidieron dar un paso al frente en un proceso que requiere firmeza, determinación y voluntad política para cambiar lo que nos ha destrozado como Nación. Fueron más los que quieren cambios versus los que desean postergar y fortalecer los vicios del sistema, y eso a pesar del derroche ostentoso que las mafias hicieron para atraer votos a favor de sus candidatos.
Un pequeño paso, ciertamente, pero alentador e importante porque nos muestra que sí existe un camino para rescatar la dignidad nacional pisoteada por tanto ladrón de los recursos públicos.
