En el año 2016 se emitió un Decreto del Congreso de la República que obligaba a los propietarios o representantes legales de las empresas de transporte a realizar una modificación mecánica o electrónica en el sistema de combustión o bomba de inyección para que los vehículos no puedan superar los 80 kilómetros por hora; como pasa frecuentemente, la ley no se aplicó por diversas razones, obligando al mismo Congreso a emitir, en 2017, otro decreto con reformas para facilitar su cumplimiento. Ahora, diez años después, las autoridades -por fin- deciden que hay que ponerla en práctica ante la ola de accidentes, sobre todo de buses extraurbanos, que han cobrado miles de vidas.
Es cierto que únicamente la ley no cambiará la realidad de nuestro sistema de transporte, pero sin duda que ayudará en alguna medida para reducir la ola de percances mortales. Por supuesto que además de verificar la eficaz modificación del sistema de carburación para reducir la velocidad, tiene que actuarse con energía para evitar que personas sin capacidad ni preparación sean los pilotos contratados para prestar ese servicio público, así como realizar labores de vigilancia que eviten las velocidades excesivas que se seguirán dando dependiendo de las condiciones del terreno. Incrementar la capacitación de los pilotos es clave.
El tema del transporte es parte de la ola de corrupción que ha ido destruyendo al país; pagando mordida se podía obtener licencia profesional y los dueños de buses pueden lograr el permiso para operar, aún con chatarra, mediante el mismo procedimiento, pues aquí se generalizó que el factor esencial para cualquier trato con el Estado es la disposición a untar la olla de la corrupción. El esfuerzo por enderezar ese camino debe ser acompañado por la sociedad.
Necesitamos una eficiente policía de tránsito que no se dedique a detener a conductores únicamente con la intención de obtener su correspondiente mordida; necesitamos autoridades de transporte que antepongan el tema de la seguridad de los usuarios a sus propios intereses económicos y, por supuesto, también nos hace falta una adecuada y eficiente red de carreteras porque algunos de los accidentes son resultado de las pésimas condiciones de nuestra infraestructura vial.
Es un tema complejo, pero obviamente el no haber implementado esa ley que obliga a usar los reductores de velocidad es en el fondo parte de la misma jugada porque, en todo sentido, el interés del funcionario público está muy lejos de velar por los derechos y necesidades de la población.
La Policía Nacional Civil y las policías municipales de tránsito tienen que operar con eficiencia y, sobre todo, con ética para resguardar la vida y la integridad de miles de pasajeros que se juegan la vida, literalmente, cada vez que tienen que hacer uso del desvencijado sistema de transporte público.
