Con la elección en el Colegio de Abogados de quienes representarán a la entidad gremial en la postuladora para el próximo Tribunal Supremo Electoral, se puede apreciar a simple vista cómo se articulan los poderes fácticos que se han hecho cargo del control absoluto de la institucionalidad en el país. De hecho, todo el crimen organizado, en el que destacan traficantes de droga y sus operarios en la corrupción, todos beneficiados con el clima de impunidad absoluta, no quieren perder ese privilegio y para ello sacan la cara, pues les resulta vital todo lo que este año se irá decidiendo con relación no solo al TSE sino, muy importante, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, así como la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
El impresionante derroche de recursos que se vio apenas en el Colegio de Abogados para promover ciertas candidaturas es una muestra clara de cuán importante es lo que está en juego y hasta dónde están dispuestos a “invertir” sus recursos. Hace ya tiempo que el dinero de la corrupción, del narcotráfico y todo el crimen organizado, ha sido pieza clave no solo en las postuladoras sino hasta en las elecciones generales, donde han logrado poner presidentes, diputados y alcaldes que les facilitan esas formas de enriquecimiento ilícito posible gracias a la protección de las autoridades, sobre todo en el tema de la justicia.
Es fundamental para el futuro del país que los ciudadanos entendamos claramente lo que está en juego y por qué es indispensable nuestro papel en todo este proceso; no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos la forma en que se está operando y cuando se entiende, como debe ser, qué es lo que esos tenebrosos y poderosos grupos pretenden. Si con el TSE se ha visto el enorme empeño, imaginemos lo que harán cuando se tenga que nominar a los finalmente postulados para ocupar el cargo que ahora desempeña Consuelo Porras, quien con su equipo ha sido piedra angular de la transformación de nuestro sistema de justicia.
Un fiscal general que llegue a cumplir con su deber y obligación, no solo legal sino ética y moral, sin péndulos y basada en pruebas, puede destruir todo el modelo que se perfeccionó durante los gobiernos de Morales y Giammattei, pues pondría contra las cuerdas a esos jueces que sin el menor asomo de vergüenza resuelven a favor de los verdaderos delincuentes.
Pero para lograrlo se requiere de la vigilancia y compromiso de los ciudadanos en todos estos procesos que deben ventilarse de manera diferente a lo que es costumbre. Repetimos que lo menos que debe hacer el gobierno es articular a los grupos de la sociedad civil del país para supervisar y controlar todas y cada una de las postulaciones, empezando por explicar quién es quién entre todos los que busquen ser postulados.
