El presidente Bernardo Arévalo justificó la pobre ejecución presupuestaria el año anterior en los ministerios de Comunicaciones y de Cultura por la implementación de mecanismos anticorrupción que obligan a revisar y hasta a suspender ciertas contrataciones programadas en dichas dependencias. Obviamente la corrupción está metida en todos lados y evitarla es imperativo, pero es fundamental que se trabaje para revisar el modelo de compras y contrataciones del Estado y no simplemente que el sector público decida disminuir su capacidad de ejecución.
El año pasado el gobierno de Arévalo logró un gran acuerdo con muchos diputados, de todo partido y linaje, para la aprobación del Presupuesto que luego fue dejado sin efecto por la Corte de Constitucionalidad que aceptó amparos interpuestos en contra de la forma en que se produjo esa aprobación. Todo volvió a girar, como siempre, alrededor de las asignaciones a los Consejos de Desarrollo y el oficialismo pactó con diferentes bancadas para que fuera aprobado un presupuesto con un aumento considerable respecto al del año anterior.
Si esa “negociación” hubiera apuntado también a aprobar una reforma sustancial a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, pudo haberse roto ese patrón que ahora se esgrime como excusa para justificar la falta de ejecución de obras. La situación de la infraestructura vial del país es un verdadero desastre y es consecuencia de obras que fueron realizadas, no tras una sana y positiva planificación, sino simplemente tras una lucrativa negociación entre proveedores y funcionarios que se embolsan millones para meterlos en maletas mientras llega la oportunidad de “lavar” el producto de sus ganancias.
Obviamente es mejor que se gaste menos a que se derroche tanto dinero sin que produzca ningún beneficio a la población, pues hasta la planificación se hace pensando en el trinquete. Pero limitarnos a que el país se estanque y que no podamos siquiera realizar mínimas y elementales obras es triste y nos debe obligar a insistir en que debe haber un gran acuerdo nacional para la implementación de una ley distinta en el tema de las licitaciones de todo tipo, así como de las compras que se pueden hacer de manera directa de conformidad con la ley. Se decía que el Gobierno iba a presentar en diciembre una nueva ley, pero algo debe haber sucedido que todo quedó en el olvido.
Hace falta ejercitar un sano y positivo liderazgo para que los distintos grupos organizados de la sociedad civil, de todos los estratos y niveles, puedan participar con agilidad en el diseño de un nuevo marco legal que garantice el buen uso de los recursos públicos. Por supuesto que queda pendiente el tema de la justicia porque la impunidad absoluta que ahora gozan los operarios de la corrupción tiene que cesar y ello únicamente será posible si la sociedad, al fin, reacciona con firmeza y determinación.
