En una declaración oficial ofrecida ayer, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió al señalamiento formulado por autoridades de Washington, en el sentido de que Maduro traficaba drogas usando a Guatemala, entre otros países, como punto esencial del trasiego de estupefacientes y afirmó que “hace mucho tiempo que no se utiliza a Guatemala” de forma aérea. Visión que nos parece quizá más cercana a la realidad si hablamos de aviones cargados de droga (ya no se ha sabido de naves abandonadas), pero a las que quizá vale la pena matizar el tema terrestre y las disputas de territorio que se dan entre los cárteles de la droga.
La acusación de Estados Unidos habla desde el 2020, pero muchos de los funcionarios que han venido colaborando con el crimen organizado siguen en la esfera pública, lejos de enfrentar la justicia local y está por verse qué pasa con Estados Unidos.
Especialmente en las áreas de seguridad y justicia, que tendrían que no solo prevenir sino castigar el tráfico de drogas, las mafias han invertido mucho dinero y se benefician, a la fecha, del régimen de impunidad que establecieron sucesivos gobiernos que, no por casualidad, fueron electos tras recibir dinero más que sucio para financiar sus campañas. Es más, se sabe que ya está en marcha el plan que tienen para poner al próximo presidente, que responda a las mafias directamente, y ello tiene mucho que ver con lo que ahora ocurre para la conformación del Tribunal Supremo Electoral.
Nosotros comentamos, desde el día que se hizo el señalamiento desde Washington, tras la captura de Maduro, que es notoria la ausencia de investigaciones relacionadas con ese tema, tanto así que cuando algún traficante es capturado se trata de alguno de los eslabones más bajos y débiles de la inmensa cadena que se requiere para operar como lo han hecho. Villeda es ministro del gobierno de Arévalo del que se puede decir que no fue electo por el dinero de los narcos y la masiva corrupción, tanto así que por ello no lo querían dejar que tomara posesión del cargo. Pero ya hemos comentado mucho sobre cómo el mandato popular espontáneo de aquellos días se quedó en el aire, no solo por la contraofensiva de las mafias sino por la pasividad de los electos.
Negar que nuestro país sea utilizado para el trasiego de drogas es imposible, tanto así que no solo pueden operar impunemente, sino hasta pueden invertir enormes sumas para financiar aspiraciones políticas de políticos a los que no les importa, en absoluto, terminar embarrados.
El tema de las drogas es mucho más profundo de lo que pueda parecer en algún análisis ligero de la situación. Es posible que se haya reducido el uso de nuestro territorio mediante aeropuertos clandestinos y de las aguas territoriales, pero no hay elementos reales para decir que ese fenómeno es cosa del pasado o que la disminución es en realidad drástica. Si así fuera, muchos narcos y a quienes financiaron (inclusive proporcionando naves aéreas privadas a candidatos presidenciales) tendrían que estar al menos sometidos a proceso y si ese tipo de casos -en el alto nivel- simplemente no existen, ¿por qué será?
