Una de las consecuencias más importantes de la existencia de redes de corrupción o narcotráfico es la absoluta necesidad de lavar el dinero mal habido y por ello la preocupación internacional respecto a países que necesitan renovar sus herramientas y esfuerzos para evitar esa práctica que es indispensable para distintas organizaciones criminales. En julio de este año el gobierno envió al Congreso la iniciativa de ley para regular más efectivamente las operaciones financieras y evitar que el sistema bancario sea utilizado como plataforma para realizar ese lavado que se le vuelve indispensable, pero a estas alturas en el Congreso no se ve interés en concretar la emisión de una ley que efectivamente establezca mecanismos de control.
Queda pendiente el dictamen favorable y hay expertos que dicen que algunos congresistas no han entendido que los marcos torales para combatir el flagelo ya están y solo se hacen actualizaciones necesarias y otros que la preocupación de muchos que nadan en las aguas de la corrupción es mayúscula. Sea cual sea la razón, es necesario que se atienda el clamor y la necesidad de tener un nuevo instrumento para combatir el crimen.
Tanto el sector privado, encabezado por la Asociación Bancaria Guatemalteca en este caso, como la Superintendencia de Bancos y diversos sectores de la sociedad han acudido al Congreso a manifestar no solo su apoyo a la iniciativa sino la urgencia de que la misma sea convertida en ley antes de que termine el año. Guatemala puede entrar a la lista gris que elabora el Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-, lo que causaría tremendo daño a la economía nacional, afectando no únicamente al sector bancario sino a todos los guatemaltecos.
La aprobación de la ley, que ha sido señalada como algo urgente por el tiempo que tomará implementar los reglamentos que regulen diverso tipo de procedimientos bancarios, sigue estancada en el Congreso de la República, lo que hace pensar seriamente en cuál es el papel de los llamados representantes del pueblo. Y es que retrasar su aprobación evidentemente beneficia a los que siguen procurando mecanismos que les permitan lavar el dinero mal habido para usarlo, ya como si su origen fuera legítimo y eso lo saben perfectamente algunos diputados que bloquean los avances.
En otras palabras, postergar la aprobación deja claro cuál es el bando en el que se colocan, por propia voluntad, aquellos diputados que lejos de representar al pueblo hacen obvio que su verdadera representación es a favor de la impunidad para que la operación de las mafias, tanto vinculadas a la corrupción en el aparato del Estado como al narcotráfico. Y lo peor es que lo hacen con absoluto descaro y a sabiendas de que si nos incluyen en la Lista Gris de la GAFI, ningún inversionista serio y honrado querrá seguir haciendo negocios con nuestro país.
Tal y como lo manifestó el presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala, “es urgente” que esa ley quede aprobada y cobre vigencia este año para que a partir del año entrante se puedan completar las regulaciones que hagan difícil lavar el dinero mal habido.
