Durante una gira “de trabajo” en el departamento de Izabal, al que como diputada representa, Thelma Ramírez Retana, del partido Vamos de Giammattei y el mero Jefe de Jefes, la congresista se sumó a la ya larguísima lista de mujeres que sostienen que la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer es un escudo de protección para las funcionarias y que tiene más peso que la misma Constitución Política de la República. En efecto, la Constitución al regular la libre expresión, que no es derecho exclusivo de los periodistas sino de cualquier ciudadano, dice que no constituyen delito o falta las denuncias o críticas a funcionarios públicos por actos en el ejercicio de sus cargos.
Más claro no canta un gallo, pero ese principio constitucional, supuestamente inviolable, es pasado por alto por muchas mujeres que no toleran ningún señalamiento en su contra y que sostienen que se les cuestiona por el hecho mismo de ser mujeres y no por la forma en que se comportan en el desempeño de cargos públicos.
Y cómo no va una diputada a amenazar con la Ley de Femicidio a un ciudadano que en ejercicio de sus derechos le formula señalamientos, si la misma Fiscal General de la República, Consuelo Porras, da el ejemplo de recurrir a la Ley contra el Femicidio para acusar penalmente a Roberto Arzú por haber hecho señalamientos en su contra. Hemos dicho que la razón para que más mujeres asuman funciones públicas no debe ser porque ellas, por razón de sexo, gozan de absoluta impunidad, puesto que nadie les puede hacer el menor señalamiento, ya que inmediatamente recurren a una ley hecha con la noble intención de proteger a la mujer de abusos cometidos por hombres con los que tienen algún tipo de relación.
Lo que ha pasado es que, tras los precedentes sentados por tantas mujeres, son muchas las que sienten que gozan de la más absoluta protección para actuar como les dé la gana, aun pasando sobre elementales principios constitucionales. Y en este caso la representante Thelma Ramírez Retana no se anduvo con cuentos para advertir a un ciudadano, que ejercía simplemente su derecho sin agredirla de ninguna forma, que allí estaba la famosa ley que ha sido tantas veces manoseada para acallar a cualquier crítico que cuestione el papel de alguna funcionaria o empleada pública.
Cuando se hizo la Constitución no estaba de moda hablar de funcionarios y funcionarias, diputados y diputadas, ministros y ministras o decir los y las como se hace ahora, por lo que la Carta Magna generaliza diciendo que no constituye delito o falta los señalamientos o críticas a funcionarios, pero claramente la intención de los constituyentes no era para referirse únicamente a los hombres.
¿Hasta cuándo seguirá ese manoseo terrible de la justicia?
