El Ministerio de Finanzas está elaborando un proyecto para una nueva Ley de Compras y Contrataciones del Estado y ello es fundamental si realmente pretendemos que el país cambie en una materia fundamental y dar pasos firmes en contra del modelo de corrupción que está tan profundamente arraigado en todas las instituciones que se olvidan de atender las necesidades de la gente porque operan únicamente para alentar la corrupción.
Lamentablemente, está demostrado que el sistema legal para las compras y contrataciones del Estado está podrido y opera para facilitar la realización de los numerosos negocios que se vienen realizando desde hace muchos años pensando más en la mordida que se puede recibir que en el beneficio para la población y las instituciones públicas. Poco a poco y paso a paso se han ido acomodando las normas para hacer más sencilla la realización de negocios en los que proveedores y compradores se quedan con una buena tajada.
Aunque pueda existir interés por depurar el modelo, en la práctica ello se vuelve imposible porque la legislación vigente se encarga de facilitarles a las mafias y los de turno que no pierdan maña, la operación tal y como se viene realizando hasta la fecha y de esa cuenta es que no se puede evitar que en diferentes instancias se opere dentro del modo que se ha vuelto tradicional y que, además, es muy atractivo para quienes quieren hacer dinero fácilmente.
Dentro del mandato que recibió el gobierno de Arévalo con la elección que le llevó al poder, la reforma del modelo actual de compras y contrataciones es una de las mayores urgencias y para que se formule una propuesta que pueda ser analizada y debatida por diferentes sectores sociales, entendiendo que tal y como estamos no se evitarán los trinquetes ni siquiera si dispusiéramos de altos funcionarios comprometidos con la transparencia, puesto que todo el esquema está orientado al desfalco. No hacerlo no es solo traicionar el mandato, es consolidar el modelo.
Por supuesto que una de las mayores dificultades es que cualquier cambio a la legislación en el tema de adquisiciones del Estado tiene que pasar por el Congreso de la República y allí encontramos el primer gran obstáculo, pues no puede dejar de recordarse que muchos de los diputados son parte importante de la jugada y que cabalmente ofrecen sus votos a cambio de esas “oportunidades” de enriquecimiento ilícito. Además, parte de los “acuerdos” alcanzados en el legislativo pasa por lograr acceder a negocios que les permita hacerse del dinero. Alcanzar una mayoría en el pleno del Congreso para cambiar la forma en que se regulan los negocios públicos no es cosa sencilla y hasta podría parecer imposible, salvo que la población se decida a jugar un papel determinante en la exigencia de un cambio de fondo.
