La semana anterior se produjo la captura de empleados del Crédito Hipotecario Nacional -CHN- implicado en el otorgamiento de préstamos que nunca fueron pagados y que no tenían garantía alguna; el caso es escandaloso, pero no olvidemos que muchos de esos empleados vieron cómo las autoridades del CHN, durante el gobierno de Alejandro Giammattei y el Jefe de Jefes, manejaron los 3,250 millones de quetzales colocados en el banco durante la pandemia por la “Ley de Rescate Económico a las familias por los efectos del COVID-19”.
La investigación de la semana pasada tiene que llegar a fondo porque desde el año pasado, se supo de patrones que reñían con la ley, pero sabiendo que el Ministerio Público (MP) da enormes consuelos, no se supo de denuncias hechas en el momento y por eso es clave conocer el rol de los 6 capturados, de los otros sindicados y del rol de las altas autoridades.
En efecto, trascendió en aquellos días que había numerosos casos de favoritismo para quienes recibieron dinero en préstamo y los señalamientos en torno a ciertas empresas afines a los poderosos de turno que recibieron préstamos, se suma a otros señalamientos de forma en la que algunos no cubrían las cuotas pactadas y que las autoridades simple y sencillamente se hacían disimuladas. Voces de diputados opositores en el Congreso y la misma Contraloría de Cuentas, llamada a fiscalizar la forma en que se maneja el dinero público, alertaron sobre esa situación, añadiendo que las autoridades de la entidad se escudaban en el “secreto bancario” para no dar información seria sobre la condición de esos préstamos.
Lo que más llama la atención es cómo ahora, cuando los sindicados son empleados menores del banco, el Ministerio Público sí pudo tener acceso a información, pese a tal secreto bancario, pero la misma administración de Consuelo Porras no hizo absolutamente nada para indagar sobre lo que años atrás se comentó públicamente y se divulgó en muchos medios de comunicación -incluyendo La Hora- sobre la forma en que se manejó esa enorme cantidad de millones de quetzales.
Estamos por llegar a la diabólica cifra de 666 días sin que el Ministerio Público investigue, en absoluto, los hechos de corrupción que se han señalado durante el régimen de Giammattei, quien goza del derecho de antejuicio, y de su mero Jefe, quien se hacía llamar Jefe de Jefes, Miguel Martínez, quien no posee inmunidad. Y ese caso del Crédito Hipotecario Nacional es emblemático, puesto que por ser un banco estatal fue allí donde se colocaron los fondos aprobados para ese rescate económico durante una de las peores crisis que hemos vivido en el país, pero resultó que el secreto bancario impidió la fiscalización sobre la manera en que se administraron tantos millones.
El año entrante, cuando tengamos nueva gente en la Fiscalía, debe haber un cambio profundo y situaciones como ésta tendrán que ser objeto de investigación con pruebas sólidas antes de que prescriban delitos que permitieron a muchos robar millones a su sabor y antojo, varias veces hasta presumiendo de lo que habían hecho “a favor del pueblo afectado por la pandemia”, cuando en la práctica lo que hicieron fue favorecer a sinvergüenzas que pactaron con las autoridades bancarias para recibir dinero y luego no cubrir sus obligaciones.
