Justo después de que la Corte de Constitucionalidad puso en su lugar al juez Fredy Orellana, inclusive advirtiendo claramente que puede haber prevaricato en sus disposiciones recientes sobre Semilla para remover a todos los que fueron postulados por ese partido, el Ministerio Público hace el anuncio de que han iniciado acciones de antejuicio contra Bernardo Arévalo y Karin Herrera por la fuga de los reos, pues ambos “ostentan responsabilidad constitucional de garantizar el orden público y la supervisión de las instituciones de seguridad, incluyendo el sistema penitenciario”.
De conformidad con el criterio de la gente de Consuelo Porras el Presidente y la Vicepresidenta pueden ser procesados por cualquier crimen que se cometa en temas relacionados con el orden público y la seguridad, lo que significa que deben responder hasta porque un policía pida una mordida o por cualquier delito cometido en temas de violencia, Bernardo Arévalo y Karin Herrera podrán ser llevados a los tribunales y hasta removidos de sus cargos.
Sería tanto como decir que si un Fiscal o sus auxiliares cometen un delito se disponga que la responsable es Consuelo Porras y que, por lo tanto, procede que el Presidente la destituya con apego a lo que establece la Constitución, pues quiérase o no, ella es la responsable de la institución. La responsabilidad penal, según elemental sentido del derecho, es absolutamente personal y ese principio está siendo burdamente violentado por la acción de antejuicio que ha iniciado el mismo MP en contra de quienes son la máxima autoridad del organismo ejecutivo.
Puede haber una responsabilidad moral por el hecho de haber nombrado a personas incompetentes o estrechamente relacionadas con el crimen organizado, sean pandillas, narcos o funcionarios sinvergüenzas que se dedican a saquear los fondos públicos, pero de eso a que sean penalmente responsables de lo que haga cualquier empleado del Estado hay una enorme diferencia que cualquiera con dos dedos de frente entiende. Y no es que los del Ministerio Público sean del todo ignorantes, pero sí que lejos de responder a los principios fundamentales del Estado de Derecho, manipulan sus acciones para lograr sus turbios objetivos.
Por supuesto que hay organizaciones y personas que están de acuerdo con esas acciones y critican a los que señalan la arbitrariedad de hechos como éste y las resoluciones del juez Orellana, pero ya la CC advirtió que puede haber prevaricato en esos comportamientos. Evidentemente no hay límite alguno para los intentos en dar un golpe de Estado removiendo a los funcionarios electos por el pueblo y ni siquiera tienen un mínimo de vergüenza, lo que les permite barbaridades que no resisten ningún análisis lógico, mucho menos jurídico porque son actos desesperados de quienes sienten la necesidad de derrocar al gobernante.
Urge que el Gobierno responda con acciones que no solo se centren en responder al MP, si no en actos que impacten la vida cotidiana de los guatemaltecos. Ejercer el poder por el bien del país y el cambio fue un mandato que se debe ejercer.
