Acciones del Ministerio Público en contra de determinados actores, al tiempo que apañan delitos cometidos por el bando de quienes fueron funcionarios en los gobiernos de los dos presidentes que nombraron a Consuelo Porras, obligó a operadores de justicia y periodistas, entre otros, a abandonar el país a sabiendas de que además del MP existe un círculo de jueces que tramita con enorme diligencia las solicitudes planteadas por ciertos fiscales. En el caso del ex ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se habla de que salió de Guatemala tras entregar el cargo, sin que se pueda establecer su paradero y hasta el mismo presidente Arévalo dijo esta mañana que desconoce dónde está el exfuncionario.
Llama la atención esto porque esta misma semana, cuando aún no había entregado el cargo, Jiménez ofreció entrevistas en las que afirmó que daría la cara ante los señalamientos que formula el Ministerio Público, específicamente por el tema de los presos que se fugaron de la cárcel. El Ministro es quien tiene la autoridad superior sobre el sistema penitenciario, pero habría que determinar las pruebas que puedan existir en el sentido de que tales fugas fueron su responsabilidad y justamente eso fue lo que dio a entender Jiménez cuando dijo que daría la cara tras entregar el cargo.
El ministerio de Gobernación, bajo su dirección, fue objeto de algunos cuestionamientos en temas como la compra de armamento y de vehículos para los cuerpos de policía, temas que no están ahora sobre el tapete, pues está centrado en el agudo asunto de la fuga de líderes de pandilleros del llamado Barrio 18.
Idealmente cualquier persona que es señalada de la comisión de algún delito tiene la posibilidad de defenderse y probar su inocencia. Destacamos el concepto de “ideal” respecto a esa situación, pues ello significaría que tenemos un verdadero sistema de justicia en el que los acusadores presentan pruebas, el acusado ejercita su defensa y finalmente los jueces, con estricto apego a derecho, resuelven tras el análisis de lo que expuso cada una de las partes. Y aún en el caso de un error de apreciación que pueda esgrimirse, quedan las apelaciones para que tribunales superiores decidan el valor de la acusación o el de los argumentos de defensa del sindicado.
En la Guatemala actual esa situación no está garantizada, ya que tanto el Ministerio Público como el sistema de justicia, con los magistrados de Salas y hasta de la Corte Suprema, fueron seleccionados en procesos de comisiones de postulación integradas en el marco del esquema de la cooptación de todo el aparato del Estado para garantizar impunidad.
Será bueno conocer las pruebas que se tienen contra Jiménez para que la opinión pública pueda determinar si su supuesta salida del país es una simple evasión de responsabilidad o, como ya ha ocurrido, una reacción ante la falta de justicia basada en la equidad, la razón y la imparcialidad.
