La forma en que funcionarias públicas han utilizado perversamente la Ley de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer para silenciar las críticas al desempeño de sus funciones se ha convertido ya en tradición, al punto de que hasta la Fiscal General de la República, Consuelo Porras, recurrió a esa norma para acallar a Roberto Arzú quien es un crítico de su gestión. En La Hora hemos abordado el tema varias veces porque hemos sido objeto de persecución penal por Alejandra Carrillo, todo porque publicamos hechos que evidenciaban vicios en su gestión como funcionaria.
Hemos dicho que con esos malos usos de la Ley de Femicidio, basta para un gobierno corrupto con colocar en las plazas más lucrativas, donde más dinero pueden hacer, a mujeres para que la prensa y la sociedad tengan que acallarse sin formular ninguna crítica ni, mucho menos, publicar los hechos que puedan ser constitutivos de delito. Ello no obstante, lo que establece la Constitución en el sentido de que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos (incluye a funcionarias y empleadas) por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
Pues ayer se produjo un fallo histórico dado que el juez José Gilberto Godoy Archila, titular del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, rechazó la denuncia presentada por un fiscal del Ministerio Público en contra de Roberto Arzú por los señalamientos que “menoscaban la dignidad de mujer de la Fiscal General María Consuelo Porras”. Los argumentos que usó el juez para fundamentar su resolución son contundentes y debieran ser leídos por otros jueces y magistrados de femicidio que han dado trámite, como si nada, a denuncias presentadas por funcionarias que dicen que criticarlas es un acto de violencia contra la mujer.
Criticamos frecuentemente resoluciones de nuestro sistema de justicia porque es evidente que hay muchos jueces que operan dentro del marco de promoción de la impunidad para los corruptos servidores públicos, por lo que consideramos esencial y muy importante destacar que no todo está podrido y que aún quedan juzgadores con el valor suficiente para hacer que prevalezca el Estado de Derecho. Rechazar una petición que se hace para proteger a Consuelo Porras no es cosa fácil y ya veremos que no tardarán en emprenderla contra el Juez que lo hizo, pero el precedente sentado es histórico toda vez que ni siquiera la Corte de Constitucionalidad ha tenido el valor de colocar, como debe ser, la primacía constitucional en el tema de la libertad de expresión cuando se hacen señalamientos contra funcionarias con actividades con altos tintes de corrupción.
Lo que en realidad atenta contra la dignidad de la mujer es que haya algunas que usen ese escudo para operar en el marco de un sistema viciado.
