Cualquiera que desee entender lo que ocurre en Guatemala y por qué estamos tan atrapados en ese callejón sin salida de la destrucción de la institucionalidad y del Estado de Derecho que quieren algunos, tiene que estar atento a los acontecimientos en el sistema de justicia porque en muchos de los casos que se estudian se ve la clara tendencia a la impunidad de determinados sujetos procesales. Rara vez se puede encontrar uno con decisiones como la de ayer de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal que enmendó la resolución de primera instancia en el caso del motorista embestido repetidas veces por un automovilista.
En efecto, pese a la brutal evidencia de cuántas veces el conductor retrocedió para repetir la embestida contra el motorista, quien perdió una pierna y estuvo en claro riesgo de perder la vida, el juzgado consideró que el delito era “lesiones graves” y que podía seguir en libertad. Ahora será juzgado por el delito de homicidio en grado de tentativa -tal y como debió ser desde el principio- y Carlos Ovidio Acevedo, el conductor que pretendía resolverlo todo mediante un acuerdo para financiar los gastos médicos de la víctima, tendrá que ir a prisión preventiva y enfrentar proceso, corrigiendo uno de los tantos casos en contra de elementales normas legales.
Otro caso, ayer mismo, fue el proceso que se seguía por el negocio de la Terminal de Contenedores Quetzal en el que cinco acusados de ser parte de la trama de corrupción que facilitó a empresarios españoles hacer el negocio por medio de usufructo, en tiempos de Pérez Molina, fueron absueltos porque -según el fallo- la FECI no presentó los documentos o pruebas para aseverar lo que habían plasmado en el escrito de acusación. Según la juzgadora, al explicar lo resuelto, todo fue producto de “chismes de Juan Carlos Monzón, secretario privado de Roxana Baldetti”.
El caso TCQ dio lugar a un proceso en España que significó la captura de Ángel Pérez Maura, dueño de la Terminal de Contenedores de Barcelona, en mayo del 2019 acusado de malos manejos en el exterior y se habló de la forma en que negoció con Otto Pérez Molina para la creación aquí de la Terminal de Contenedores Quetzal.
En Guatemala el Ministerio Público, en vez de avanzar en una investigación de un delito claro y evidente, dejó las cosas para que no hubiera pruebas y de esa cuenta los sindicados, entre ellos un familiar de Pérez Molina, fueron absueltos de todos los cargos. La decisión de la juzgadora no solo exonera de culpa a los sindicados sino que hace ver que toda aquella lucha contra la corrupción que hubo fue resultado de “chismes” propagados por Juan Carlos Monzón, en complicidad con la antigua FECI.
Ambos casos sirven para esas reflexiones sobre un cuestionado sistema de justicia que, por lo visto, decidió pasarse la ley y el Estado de Derecho por el arco del triunfo. Guatemala merece una justicia más independiente para dar los saltos de calidad que necesita.
