Un importante trabajo de investigación publicado hoy en La Hora evidencia la pobre estructura que tiene nuestro sistema de justicia que apenas si reporta un total de 7.7 juzgadores (incluyendo magistrados) por cada 100,000 habitantes, cifra que marca un claro déficit con relación a los 17 que mundialmente se recomiendan por cada cien mil personas. El trabajo fue más a fondo y dejó ver que en temas tan puntuales como el lavado de dinero y la extorsión apenas hay un juez especializado para conocer casos del primer delito y únicamente dos para el otro, pese a que hablamos de crímenes que afectan a miles de guatemaltecos diariamente.
El trabajo se refiere únicamente al tema de la acumulación de trabajo que entrampa la justicia, pero no podemos dejar de mencionar que ello es apenas una parte del sistema enfermo porque lo peor está en el control que las mafias tienen sobre todo el aparato y que se estableció claramente para garantizar impunidad a los que se roban los fondos públicos, pero que termina extendiéndose a toda clase de delincuentes.
La extorsión viene siendo uno de los delitos más serios en Guatemala y afecta a muchísima gente que se ve presionada por miembros de las diferentes pandillas, generalmente operando bajo la dirección de líderes que están recluidos en alguna cárcel, que hicieron de ese crimen una jugosa fuente de ingresos. Y dos jueces en el país para conocer de forma especializada tantos casos demuestra el poco interés que tiene el país en resolver uno de los más agudos problemas para la población.
El otro detalle que destacamos, el del lavado de dinero, es comprensible el “descuido” de las autoridades judiciales al tener únicamente un titular de juzgado especializado encargado de procesar a los sindicados por ese delito. Y es que no se puede pasar por alto que el mecanismo clave para garantizar la impunidad es evitar la investigación -no digamos castigo- para quienes se encargan de lavar el dinero sucio de manera que pueda ir a parar a las cuentas de los que lo mantuvieron por un tiempo en maletas refundidas en algún inmueble alquilado para ese fin. Que no se siga la ruta del dinero es clave para las mafias.
Si nos preocupa la inseguridad y la corrupción, vicios que causan tantísimo daño a todos los guatemaltecos, basta ver la forma en que nuestro sistema de justicia encara esos problemas para darnos cuenta de su verdadero propósito. Los números rojos que señala la investigación no son casualidad ni por falta de recursos, sino simplemente porque el plan hábilmente diseñado desde hace años ha rendido frutos para impedir que la justicia sea un elemento para disuadir a potenciales delincuentes. Al contrario, nuestra justicia los estimula porque la certeza de impunidad está a la vista.
