Ayer domingo publicamos un importante trabajo de investigación relacionado con los cuatro fiscales que fueron procesados por el Ministerio Público y que terminaron siendo absueltos de los señalamientos en su contra, detalle fundamental tomando en cuenta que el MP ha sido calificado local e internacionalmente como ente que persigue a ex operadores de justicia y periodistas, mientras garantiza plenamente la impunidad a los funcionarios de los dos gobiernos en los que se eligió y reeligió a la Fiscal Consuelo Porras. En efecto, Samari Gómez, Eduardo Pantaleón, Stuardo Campo y Paola Pimentel terminaron siendo exonerados de los delitos que usó el ente a cargo de la investigación criminal para llevarlos a proceso y aún a la cárcel.
Tomando en cuenta cómo opera todo el sistema de justicia en el país y su evidente inclinación a perseguir a quienes se resisten a operar los vicios del sistema y apañar a los corruptos, la absolución de Gómez, Pantaleón, Campo y Pimentel es una total evidencia de que los casos fueron burdamente armados como represalia por lo que hicieron desde diferentes fiscalías en contra de los sinvergüenzas que se roban el dinero de los guatemaltecos.
Varios de ellos estuvieron mucho tiempo en prisión y Campo, pese a haber sido exonerado, sigue en prisión por otro proceso armado en su contra. A ellos se tienen que sumar todos los ex operadores de justicia, jueces y fiscales, que tuvieron que huir del país para evitar la prisión que sufrieron sus compañeros de trabajo. La prisión “preventiva” y el exilio son situaciones realmente duras, sobre todo cuando resultan de haber asumido compromisos para servir a la justicia y, sobre todo, para investigar a los que se hicieron millonarios con el dinero del pueblo. El caso de Samari Gómez es burdo porque se usó para abrir el espacio para que la Fundación Contra el Terrorismo pudiera convertirse en parte del proceso contra el periodista Jose Rubén Zamora.
Pantaleón y Campo fueron acusados por supuestamente actuar de manera irregular en el caso Libramiento de Chimaltenango que involucraba a José Luis Benito y otros funcionarios aún más altos. Pero mientras quien rellenó maletas con millones de quetzales que fueron localizados en Antigua Guatemala vive tranquilo, quienes lo investigaron fueron a parar a la cárcel y en el caso de Stuardo Campo aún sigue preso por otros señalamientos en su contra.
Hemos llevado la cuenta y van 625 días desde el 15 de enero de 2024 sin que el Ministerio Público investigue a quienes dejaron ese día el poder. Pero también se debe contabilizar que al día de hoy Consuelo Porras lleva nada más y nada menos que 2,692 días, desde que tomó posesión el 17 de mayo del 2018, cumpliendo su compromiso de proteger a quienes la nombraron y a sus cómplices. Triste condición de la escuálida justicia de nuestro país.
El proceso para reformar la justicia es inevitable y la reestructuración del MP al que debemos liberarlo de todo tipo de mafias, es una prioridad de país.
