Ayer se supo que la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal decidió hace días revocar la disposición del juez suplente del Juzgado Quinto Penal, Arnulfo Cabrera, beneficiando a Melvin Quijivix con medidas sustitutivas, gracias a lo cual evitó la cárcel mediante el pago de una fianza de 400,000 quetzales. En su momento, el mencionado juez dispuso mantener el escandaloso caso bajo reserva y rechazó la solicitud de que fuera enviado a prisión.
El argumento de la Sala, por cierto vinculada a Felipe Alejos, afirma que en efecto no se manifestó el peligro de fuga, pero destaca que es latente el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad mediante la destrucción de pruebas y evidencias, destacando que existen “múltiples testigos cuya vinculación con el entramado empresarial investigado es directa y que algunos de ellos aún no han sido localizados o entrevistados” y que el sindicado ha sido identificado como la “figura central de la red financiera utilizada para el blanqueo de capitales provenientes de negocios fraudulentos”.
Más claro no canta un gallo y obviamente la resolución de la Sala de Apelaciones deja en entredicho al juez que decidió otorgar la libertad a quien es señalado por una increíble cantidad de negocios realizados gracias a su estrecha relación con Miguel Martínez, el Jefe de Jefes durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
¿Qué habrá pasado entre Quijivix y la mafia que maneja la Sala en cuestión?
Y no hay que ser adivino para entender que el daño que ahora pretende impedir la Sala con su resolución que ordena enviar a prisión a Quijivix ya se concretó porque alguien con su personalidad seguramente aprovechó desde los primeros días de la libertad con que fue favorecido para realizar, precisamente, la destrucción de pruebas y evidencias que ahora la Sala de Apelaciones pretende resguardar mediante el envío a prisión nuevamente de quien fuera destacado personaje del gobierno anterior.
Es este uno más entre todos los casos que hemos visto y que evidencian cómo el sistema de justicia en vez de estar comprometido con la observancia de la ley, lo que hace es crear mecanismos perversos para garantizar impunidad a quienes han saqueado los fondos públicos, tema por el cual muchos de los encargados de administrar la justicia en el país actúan precisamente como el Juez suplente Arnulfo Cabrera, quien sin el menor rubor dispuso brindar amplia gama de privilegios a quien, tras ser arrestado, llegó a su judicatura con aquel cabestrillo, distintivo que ya sabemos quiénes recurren a él.
La resolución de la Sala obligaría a que se hagan investigaciones profundas sobre la posible destrucción de evidencias para sancionar tanto a quien lo hizo como al juez que facilitó el hecho.
