La aprobación de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos Departamentales de Desarrollo, declarada de “Urgencia Nacional” por los laboriosos diputados al Congreso de la República que llevan años sacando raja a esos tales Consejos, que no han aportado absolutamente nada al desarrollo del país (preguntemos a los migrantes por qué se fueron), ha generado variadas reacciones, desde quienes con justa razón critican lo actuado por el Congreso hasta quienes, también con razón justificada por sus propios intereses, la aplauden.
Ayer el Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, pidió una entrevista con La Hora para defender lo actuado por los 107 diputados que decidieron salir del letargo parlamentario para aprobar una ley que otorga amplias facilidades a los tales Codedes. El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, dio una serie de razones por las que la entidad que dirige y que reúne a los alcaldes del país, apoya con entusiasmo lo actuado por los diputados al Congreso. Hay otras entidades que, conociendo la realidad nacional, han solicitado al Presidente Bernardo Arévalo que vete esa ley decretada por el Organismo Legislativo.
Entre todas las cosas que dijo Siero, electo presidente de la ANAM por la mayoría de alcaldes del país, destaca la respuesta que dio a La Hora cuando le preguntamos sobre el punto crítico de todo este tema, en el sentido de cómo se puede asegurar la transparencia en los procesos de contrataciones que se hagan con las inmensas cantidades aseguradas por el Congreso. El funcionario edil, de manera monda y lironda afirmó que para ello existe la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Lo cierto es que esa ley es la que han utilizado funcionarios de todo nivel -incluyendo desde luego a los alcaldes- para hacer contrataciones que les permiten guardar millones de quetzales en maletas en donde los meten mientras encuentran los mecanismos para lavar el dinero. Si la Ley de Compras y Contrataciones sirviera realmente para evitar sucias operaciones con los fondos públicos, Guatemala sería un país en el que su gente no tendría que emigrar en busca de oportunidades porque en cada comunidad podrían encontrarlas para satisfacer sus necesidades y las de sus familias y un país en el que los empresarios honrados no se la verían a palitos enfrentando a las mafias que todo lo tuercen.
Aquí el sistema funciona única y exclusivamente para los negocios oscuros porque, como bien dijera en tiempos de Berger aquel funcionario internacional que también entró en el juego, en Guatemala la norma es que no hay obra sin sobra y toda obra o compra que se hace debe llenar el requisito de la mordida, sin la cual no se mueve ninguna hoja de ningún árbol. Las obras que no tienen ese componente, tardan en salir y hay que pasar un laberinto espantoso. En otras palabras, hacen de la legalidad un viacrucis.
Todos sabemos qué persigue la famosa ley y razón tienen las cámaras y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales de pedir que sea vetada, pero afirmar que la transparencia está garantizada por la Ley de Compras y Contrataciones es el colmo de todos los colmos.
