El crimen cometido ayer con toda alevosía en contra del abogado Edwin Mayen, quien fue abogado defensor de María Marta Castañeda Torres y con vínculos con el “Lobo” líder del Barrio 18, se suma a la larga lista de hechos relacionados con el tremendo poder que, ejercido desde las cárceles, mueve a los pandilleros que incrementan sus acciones delictivas. En los últimos tiempos hemos reportado motines que ocurren en distintos centros penitenciarios, motivados por los líderes de las llamadas maras que desde bajo prisión siguen dirigiendo las operaciones e instruyendo a los que están en libertad para que ejecuten diversos tipos de crímenes. El atentado a la ex fiscal Miriam Reguero sigue teniendo colas y consecuencias.
Como bien dijeron ayer varios analistas consultados por La Hora, se trata de una herencia nefasta que las actuales autoridades no han sabido enfrentar, mucho menos manejar, pero que además se ha ido agravando luego de que el pasado 31 de julio las autoridades tomaron la decisión de trasladar a 10 líderes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 a la cárcel “de máxima seguridad” Renovación 1, ubicada en Escuintla, afirmando que les habían quitado los privilegios de los que gozaban.
No hubo, por lo visto, ninguna previsión en cuanto a las consecuencias de esa acción que empezaron con los diferentes motines que han ocurrido, pero también se han extendido a un incremento de las acciones delictivas cometidas fuera de las prisiones, rebasando ya lo que se consideraba como “normal” en el tema de las extorsiones y asesinatos. Los analistas coinciden en señalar que hubo falta de previsión sobre las consecuencias de aquella acción que supuestamente eliminaría el control que desde las cárceles ejercen los líderes de las diferentes maras.
Podemos aceptar que la disposición, y el ofrecimiento de implementar en el futuro medidas para realmente aislar a los pandilleros que han sido encarcelados, es positiva, pero resulta absurdo suponer que ello pueda ocurrir sin que se den reacciones como las que estamos viendo y que significan un serio retroceso en el candente tema de la seguridad en el país. Si en algo es absolutamente necesario planificar adecuadamente y realizar las acciones con absoluta precisión, es en todo lo que tiene que ver con la vida y la seguridad de los habitantes del país, campo en el que no parece existir un correcto diseño de políticas.
Todos sabemos que la inmensa mayoría de las extorsiones se hacen desde las prisiones sin que pueda realizarse un efectivo control de las comunicaciones que salen de las cárceles, pues todas las ideas propuestas, como la eliminación de la señal telefónica para celulares, han quedado sin ejecutarse como se había planificado por diversos motivos.
Pero el incremento de la violencia y la inseguridad obliga al gobierno actual a implementar políticas que permitan control y terminen con esa anarquía que se traduce en pérdida de vidas humanas y en ese objetivo no hay que perder ni un segundo.
