No es para nadie un secreto que nuestro sistema de justicia se convirtió hace años en presa específica de las mafias que sabían la importancia de controlarlo para garantizarse impunidad por el descarado y burdo saqueo de los fondos públicos, mismos que debieran servir para promover desarrollo humano de los guatemaltecos. Sin embargo, lejos de dar pasos hacia la rectificación se ve que el descaro y la desfachatez llega a extremos, situación que vemos en casos concretos como el del juicio por la muerte de Melisa Palacios, con el magistrado Luis Mauricio Corado, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entrevistándose secretamente con la juzgadora a cargo de un caso en el que su hijo participó como abogado de los sindicados.
A ello sumamos la maniobra que se viene realizando para la conformación de nuevas Salas de Apelaciones con una CSJ que se extralimita en sus funciones y hace, por sí y ante sí, nombramientos de magistrados titulares, función que es competencia del Congreso de la República según mandato constitucional. Hoy se presentará una acción de Amparo que busca detener ese acto del grupo que mantiene el control de la Corte Suprema y dependerá de la Corte de Constitucionalidad la resolución final sobre ese caso.
Los antecedentes de Luis Mauricio Corado son abundantes y muestran su interés directo en el caso del crimen contra Melisa Palacios en el que ha sido factor importante para proteger a ciertos letrados y buscar traslados de otros, lo que hace pensar en que toma acciones que apuntan a la protección de los sindicados en ese crimen.
Pese a la expresa voluntad popular de cambiar el rumbo de país, que obviamente demanda inmediatamente una revisión de nuestro sistema de justicia, es evidente que se mantiene el interés de los grupos de poder que se han beneficiado descaradamente con el manoseo legal para garantizar impunidad. Y los ciudadanos tenemos que poner especial atención en el proceso que se deberá llevar a cabo próximamente para la renovación de los profesionales a cargo de la Corte Suprema y las Salas de Apelaciones, puesto que ello es crucial si esperamos que pueda haber un cambio sustancial en Guatemala.
Mientras tengamos un Ministerio Público que apaña la corrupción estructurada (ya vamos llegando a los 600 días de protección a Miguelito, quien goza de enorme Consuelo) y tribunales que no están para aplicar la ley sino para asegurar que los criminales de la mafia nunca serán condenados, imposible combatir la corrupción que facilite la generación de oportunidades. La pieza fundamental para enderezar el rumbo del país está en el sistema de justicia que debe salir de ese control que han logrado los más perversos personajes de la vida nacional.
