La Corte de Constitucionalidad otorgó por unanimidad un amparo en contra del Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos que fue aprobado en el gobierno de Alejandro Giammattei sin que fuera puesto en vigor hasta que el Ministerio de Ambiente lo implementó este año. El argumento toral de la CC es la violación de la autonomía municipal, sobre todo porque el reglamento establecía facultad administrativa para imponer multas a Alcaldes, entre otros.
Dicho de otra manera, es la forma en que fue elaborado el reglamento y las atribuciones que daba al Ministerio de Ambiente lo que no encuadra con el Estado de Derecho según la CC. En realidad el tema de la protección del medio ambiente y el tratamiento de la basura, es decir los residuos y desechos sólidos, es un asunto de interés nacional que debe prevalecer a toda costa porque nos estamos jugando el futuro, pero un tema tan importante no debe depender de un reglamento que se puede implementar o no de forma caprichosa.
El reglamento emitido en el 2021 no fue implementado hasta este año y de una manera que despertó muchas dudas con relación a posibles conflictos de interés existentes en cuanto al aprovechamiento de esos residuos; sostenemos que la protección del medio ambiente debe ser objeto de una ley específica que obligue a las municipalidades a cumplir, sin pretexto alguno, las disposiciones para evitar la contaminación que tanto daño hace y que puede comprometer seriamente el futuro. No puede ni debe ser nada más un reglamento el que establezca las normas fundamentales que hacen falta para evitar la contaminación.
No es solo de separar la basura, es cómo la vamos a recolectar, a dónde se va a ir a dejar y qué usos le debemos dar a esos residuos. Esa esa tiene que ser una política de país que no debe responder a caprichos ni ideologías.
La Municipalidad de Guatemala respondió inmediatamente diciendo que mantendrán las políticas relacionadas con el tratamiento de la basura que fueron dictadas por el Concejo, pero no podemos esperar lo mismo de todos los municipios que, amparados en la autonomía, pueden entonces hacer lo que les venga en gana con relación a un asunto tan fundamental para la vida y el bienestar de la población.
Lamentablemente hasta en temas como el del ambiente prevalecen intereses particulares y negocios lucrativos que pueden ser más importantes al momento de la toma de decisiones. Idealmente el Congreso, que tiene una comisión de medio ambiente, debiera legislar en la materia con objetividad y dejando a un lado esos perversos intereses, aspiración quizá demasiado idealista conociendo cómo se cuecen las habas en el recinto parlamentario.
Hay muchos temas fundamentales para el país pendientes de implementación, entre ellos el mandato constitucional contenido en el artículo 231 relacionado con la Región Metropolitana, pero acabar con la contaminación que destruye al país y afecta a la humanidad es un imperativo absoluto en el que debemos trabajar.
