En el año 2010 inició sus labores el centro de atención de menores Hogar Seguro Virgen de la Asunción para brindar protección a menores de edad que carecían de padres que se pudieran hacer cargo de sus hijos y en el 2012 quedó encargado de atender a todas aquellas que habían tenido problemas con la ley. Desde el principio hubo quejas respecto a la forma en que era administrado el centro y la Procuraduría de Derechos Humanos realizó varias visitas que derivaron en señalamientos y recomendaciones que jamás se cumplieron. Existieron denuncias de violencia sexual y una posible red de trata de personas en ese sitio administrado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
El 8 de marzo del año 2017, ya bajo el gobierno de Jimmy Morales ocurrió la tragedia que cobró la vida de al menos 37 jovencitas adolescentes que murieron encerradas sufriendo los efectos de un tremendo incendio, evidenciando la ironía del nombre del establecimiento que de seguro no tuvo nunca absolutamente nada, pero sí sirvió para que funcionarios aprovecharan su autoridad para maltratar a las niñas.
Otra ironía derivada de ese percance es la justicia “pronta y cumplida” de Guatemala porque pasaron más de ocho años para que se llegara a dictar sentencia sobre el incidente fatal ocurrido, con el agregado de que se demostró que no hubo una adecuada investigación de parte del Ministerio Público, al punto que el fallo del tribunal ordena que se investigue al entonces Presidente Jimmy Morales por posible responsabilidad. Morales fue quien designó como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público a la actual titular de ese despacho, Consuelo Porras.
Pese a que desde el principio se dijo que autoridades del Hogar Seguro se comunicaron con la presidencia pidiendo ayuda para controlar el motín que se produjo como resultado del cansancio de las reclusas ante los abusos de esas autoridades, nunca hubo una acción para controlar pacíficamente el problema y hubo quienes dijeron que por lo avanzado de la noche y la costumbre de algunos altísimos funcionarios de beber en demasía, se ordenó que nadie hiciera nada, lo que terminó siendo causa de la tragedia.
Una correcta investigación de lo ocurrido, sobre todo luego de que funcionarios a cargo del Hogar Seguro y de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia dejaron ver la posible responsabilidad del mismo Presidente Morales, hubiera servido de mucho, pero pasó un año sin que la administración de Thelma Aldana hiciera algo al respecto ni, por supuesto, cuando asumió el despacho Consuelo Porras, garante de la impunidad de Morales, Giammattei y Martínez,
Dolorosa y cruel ironía, reflejo de las tantas desgracias que complican los retos de este querido país.
