La “renovación” de equipo para mantener en buen funcionamiento la Terminal Aérea La Aurora se está convirtiendo en una terrible muestra de cómo el país está atrapado en un sistema perverso del que será muy difícil salir, puesto que son demasiados los tentáculos que fueron deliberadamente puestos para alentar la corrupción y proteger a los ladrones. Los viajeros siguen sufriendo las consecuencias de los negocios realizados a la sombra del Estado y pese a que un proyecto como las gradas y los elevadores no se han cancelado, el daño es inmensurable. Qué decir de los negocios de la publicidad, la limpieza, aire acondicionado, mantenimiento de los baños, y un larguísimo etcétera, que hace la ruta del cambio más larga.
La designación de personas con deseo de servir honestamente a la población es importante, pero desgraciadamente, para salir del atolladero se necesita que tengan armas eficientes y transparentes para lograr los cambios. En el país todo fue moldeado para que quien transite por las avenidas de corrupción tenga rutas expeditas, ni digamos qué decir de los privilegios que se obtienen a cambio de mordidas. De entrada, las empresas serias que hace meses/años dejaron de participar en el juego de sobornos, ahora prefieren mantenerse fuera de las cotizaciones o licitaciones públicas porque entienden que, pese al mandato popular y a la posible buena intención de las autoridades electas, en el fondo las cosas no han cambiado porque las reglas del sistema siguen siendo las mismas.
La “renovación” de las gradas eléctricas en el aeropuerto era una absoluta necesidad, pero cambiar el equipo no resolvió el problema porque las antiguas autoridades jugaron a alegrar a actores y los proveedores no cumplen con los estándares internacionales de eficiencia; cuando no se es transparente en los negocios del Estado, se abre el camino para que cada quien haga lo que le da la gana, amparado por un modelo en el que por burdo y evidente que sea un trinquete, nadie va a pagar consecuencias. Uno de los requisitos indispensables para alcanzar la reforma del sistema es la existencia de un real Estado de Derecho en el que nadie pueda librarse de sanciones si incurre en sucios procedimientos comprando a funcionarios, más tener un nuevo sistema de compras y adjudicaciones.
Si Arévalo o el mismo Contralor General de Cuentas presentan las propuestas para tener un nuevo sistema de compras y adjudicaciones, se atenderá el mandato popular. Eso es lo que la gente quiere.
Por más que un funcionario tenga la intención de cambiar las cosas, de entrada se topa con que los proveedores que se presentan son casi siempre los mismos que han operado con los sucesivos gobiernos en los que, en todas las dependencias, los contratos no se hacían para resolver problemas y atender necesidades, sino para rellenar maletas como demostró aquel Ministro de Comunicaciones que, por cierto, nunca pagó las consecuencias de su evidente podredumbre.
Si no tenemos un Ministerio Público que procese a los ladrones -y hasta a los jueces que los apañan- este país no tiene esperanza de liberarse de ese sistema tan bien estructurado que sigue operando como maquinita bien aceitada.
