El anuncio de la determinación de imponer un sistema limitador de velocidad en los autobuses del transporte extraurbano, hecho por el Ministerio de Comunicaciones y que será coordinado con la Dirección General de Transporte y la Dirección de Protección y Seguridad Vial, evidencia que -al fin- se enfoca con seriedad un problema que ha cobrado muchos miles de vidas humanas. Es imposible establecer, siquiera aproximadamente, la cantidad de personas que han muerto en accidentes en las carreteras y vías públicas pero es obvio que hablamos de por lo menos cientos de miles en los últimos años.
Parece letanía pero, tristemente, el transporte también sufre los efectos de esa destrucción que se hizo del Estado por la corrupción. Para obtener una licencia de operación no hacía falta llenar más requisito que el consabido pago de la mordida que ya era algo así como el pan comido para quienes pasaron por la Dirección de Transporte. Y los pilotos tenían dos facilidades, puesto que podían obtener la licencia que les diera la gana, pagando también su mordida, pero además podían manejar sin cumplir ese requisito o con los permisos vencidos, puesto que al ser detenidos siempre se van atrás del bus para darle su soborno a la “autoridad”.
A nadie, absolutamente nadie, le ha importado que diariamente se den accidentes y que muchos de ellos sean mortales, pues su objetivo y propósito en el desempeño del cargo público quedaba satisfecho con los billetes bien envueltos que circulaban bajo todas las mesas. Cuesta entender cómo, en todos los campos de la vida, la corrupción ha hecho mucho más daño que el que puede suponerse a simple vista, ya que en todos los campos, desde la seguridad vial hasta la seguridad personal, pasando por la salud y la educación, todo está en pésimas condiciones, puesto que todos llegan a los cargos públicos con ese solo objetivo que ya todos conocemos.
Cambiar una estructura tan extensa y tan arraigada no será cosa fácil, pero pequeños pasos como el que ahora se anuncia en cuanto a un efectivo mecanismo regulador de la velocidad en los buses de transporte público son alentadores de que, al fin de las quinientas, alguien quiere hacer algo positivo.
Regular efectivamente el transporte y ordenarlo como Dios manda es un imperativo para acabar con ese desperdicio, no solo de tiempo, sino de vidas que se pierden en medio de tanta anarquía fomentada por los ladrones en puestos públicos.
