Forzado por la resolución judicial que ordenó suspender medidas de hecho en el marco de la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, ayer el sindicato de Joviel Acevedo anunció que los maestros regresarían a dar clases poniendo fin así a una paralización que durante 78 días del ciclo escolar 2025 afectó a millares de alumnos de las escuelas y establecimientos públicos. El derecho de los maestros a un salario digno es algo incuestionable, sobre todo tomando en cuenta que de ellos depende la formación y preparación de nuestra niñez y la juventud.
Pero en el mismo comunicado en el que reconocen con la cola entre las canillas el fracaso de su ilícito movimiento de huelga, el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala se da el lujo de advertir que “no aceptará ni respaldará ningún programa ni reforma educativa al Currículo Nacional Base (CNB) o a cualquier otra ley, si no es reconocido como sindicato mayoritario o si no se toma en cuenta la participación de organizaciones de padres de familia.
Los maestros y los padres de familia pueden opinar respecto a las decisiones que en materia educativa proponga el Ministerio de Educación y al igual que cualquier ciudadano pueden hacer sugerencias o formular crítica a las decisiones que se puedan adoptar. Pero por mandato legal, la definición de la política educativa del país es competencia del Ministerio de Educación y en el marco legal no se menciona para nada que el visto bueno de los sindicatos de maestros o las organizaciones de padres de familia sea requisito.
Por años la política educativa nacional ha estado en manos de ministros que se someten a los dictados de Acevedo y sus huestes a cambio del apoyo que el STEG ha dado constantemente a los gobiernos más corruptos de la historia nacional. El resultado está a la vista y es suficiente revisar los indicadores de rendimiento de la educación del país para comprobarlo. En temas cruciales como matemáticas y comprensión de lectura, sin lo cual el aprendizaje no se puede concretar, ocupamos lugares que debieran ser motivo de pena, no solo para el país sino, especialmente para quienes presumen de ser maestros.
Los errores no son fuente de derecho y el cometido por anteriores ministros que participaron en esas sucias negociaciones que implicaban el apoyo total y hasta abusivo, por no decir violento, de los maestros a los regímenes corruptos, no puede considerarse como fundamento para el argumento que planteó el STEG en su comunicado al reconocer que, por mandato legal, tienen que suspender las burdas medidas de hecho.
Ojalá el ministerio retome su función y se haga cargo de plantear una efectiva reforma al sistema educativo.
