La determinación de los diputados salvadoreños de decretar la salida de ese país del Parlamento Centroamericano colocó sobre el tapete el tema de ese instrumento que únicamente sirve para mantener lagartos, como se dice corrientemente, y para garantizar impunidad a quienes se roban millonarias sumas de dinero de los pueblos. En Guatemala no hace falta hacer una consulta popular para conocer cuál es el sentimiento de la población respecto al tal Parlacén, porque es ampliamente conocido el repudio ciudadano a una institución que no hace absolutamente nada en beneficio de la población.
Creemos que el equipo de gobierno del presidente Arévalo debiera formar un grupo de trabajo para determinar los pasos que se deben dar para salir de dicho mamarracho y emprender las acciones para lograrlo a la mayor brevedad; en el caso de la destitución de algunos funcionarios, como la Fiscal General Consuelo Porras, la ley impide al mandatario tomar ese tipo de medidas, pero en el caso del Parlamento Centroamericano no hay tales y se requiere nada más de voluntad política y determinación para acabar con la presencia de políticos guatemaltecos en ese foro regional que no aporta ni ha aportado absolutamente nada.
No nos cabe la menor duda que una acción del gobierno actual en ese sentido sería una muestra de determinación que hace falta entre una población que ve cómo su mandato popular, expresado libremente en las urnas, se ha ido desvaneciendo porque no se pueden implementar acciones que pongan fin al imperio que tienen los grupos conformados alrededor de los negocios de la corrupción. Y el desencanto se siente, se puede palpar, pues la gente esperaba más y una acción como la que estamos proponiendo podría ser un detalle importante en el juicio de valor que la ciudadanía hace respecto a la función de este gobierno.
La participación de Guatemala en el Parlamento Centroamericano no está amparada por una norma constitucional específica sino simplemente por el artículo que regula los tratados internacionales, como el que dio lugar al surgimiento de ese inútil grupo de políticos que reciben dinero sin dar nada, absolutamente nada, a cambio. De suerte que en el marco del orden constitucional y de la ley se puede lograr lo que el país y la población reclama, que es salir de ese mamotreto en el que se refugian personas que no merecen más que el repudio de su población, como pasa con la gama de ex presidentes que para evitar juicios en su contra o señalamientos que los puedan perjudicar, corren a ser juramentados el mismo día en que entregan la banda presidencial.
