Ayer el poder legislativo de El Salvador aprobó reformas a la Constitución de ese país, básicamente dando carta blanca a Nayib Bukele para que se pueda eternizar en el poder como Daniel Ortega; como hacen frecuentemente los dictadores, entre las reformas incluyeron una especie de dulce para la opinión pública y determinaron la salida de ese país del Parlamento Centroamericano por considerarlo inútil y oneroso. En efecto, los ciudadanos de todos los países que forman parte del Parlacén se sentirían realizados si sus autoridades decidieran sacar a sus países de una institución inútil que solo sirve para pagar jugosos salarios y gastos a políticos que no ganarían ninguna elección, pero que gozan de inmunidad que en muchos casos se convierte en impunidad.
No podemos olvidar las carreras de los que dejan el poder en Guatemala para ser juramentados como miembros del Parlamento Centroamericano, pues ello les garantiza no solo un cheque mensual (bicoca para lo que se han robado) sino la certeza de que aunque en sus países hubiera un Ministerio Público que cumpla con su deber, no serían objeto de ninguna investigación. Y el repudio es prácticamente unánime y lo confirma el hecho de que el oficialismo en El Salvador destacara la salida de dicho Parlamento como uno de los puntos cruciales de su reforma constitucional que, en el fondo, persigue otra cosa muy distinta.
En Guatemala ni siquiera haría falta una reforma a la Constitución porque el Parlacén empezó a operar como parte de un tratado internacional y su existencia no está en el marco de nuestra Carta Magna. Por lo tanto bastaría que el gobierno de turno decidiera denunciar el tratado de creación del Parlamento para ponerle fin a esa institución de la que no se puede mencionar ni un solo resultado positivo, no digamos logros que se traduzcan en algún beneficio para los habitantes de los países que lo integran.
Por más que se bajen libros no hay nada, en absoluto, que pueda señalarse como un logro o aporte significativo del Parlamento Centroamericano. Todo se reduce a ostentosos salarios, a enormes gastos de funcionamiento y pago de viajes a sus miembros, además de la inmunidad que, como dijimos al principio, es la pieza clave por la que en Guatemala ningún gobernante ha movido un dedo para acabar con esa payasada. Porque todos terminan ilusionados con que durante otros cuatro años, después de entregar el poder, tendrán el beneficio de la impunidad.
El mismo Ministerio Público de Consuelo Porras, cuando se le pregunta sobre si hay investigaciones contra Giammattei responde que no pues él goza de la inmunidad porque lo establece el tratado de creación del Parlacén. Esa simple razón debiera bastar para que el gobierno de Arévalo muestre aire con remolino para acabar con nuestra participación en esa bufonada.
