Es obvio que en Guatemala se ha extendido la podredumbre a lo largo y ancho del territorio nacional complicando a la gente honrada y también es un hecho que los buenos siguen siendo más que los malos, lo que obliga a profundizar en el esfuerzo de crear un pacto social que permita acuerdos intersectoriales que rindan fruto y ayuden a enderezar el rumbo del país. Con la iniciativa de Ley Contra el Lavado de Dinero podemos ver que hace falta más gente para enriquecer ideas que tienen las mejores intenciones pero que requieren de más dedicación y esfuerzo para que puedan traducirse en instrumentos del cambio del que estamos urgidos.
No dudamos de la buena intención que pueda haber tras esa iniciativa, pero también tenemos que decir que las buenas intenciones se pueden traducir en perjuicio, cabalmente, para la gente honesta que puede verse afectada por acciones que hoy pueden parecer buenas pero que mañana pueden ser el instrumento de extorsión por las autoridades de turno.
Veamos lo que pasó con el experimento CICIG. Muchas de las cosas que ahora hace el MP vienen de ese manual y ahora nos damos cuenta que muchas formas que antes no se dimensionaban en su máxima expresión, ahora sí cuando son usadas para presentar casos que no tienen ni pies ni cabeza, como el famoso fraude no existente del 2023.
Debemos revisar aspectos de reportería de los sujetos obligados y el congelamiento de cuentas para asegurar, repetimos, que no sean el mecanismo favorito y el nuevo de extorsión porque nuestra no es la mejor institucionalidad de todas. Esta es la consecuencia de haber permitido tanto abandono a nuestro Estado de Derecho.
Por ello pensamos que la función esencial de un gobierno que pretenda cambiar al país es promover un pacto social que sea resultado del involucramiento de la mayor cantidad de representantes de los distintos sectores del país, puesto que mediante ese intercambio de ideas se enriquecerán las propuestas para que no sean simplemente un conjunto de buenas intenciones que, en la práctica, no se pueden implementar como Dios manda. Al fin y al cabo, todos tenemos que cerrar filas en contra del crimen organizado.
No olvidemos que no estamos enfrentando a uno que otro ladrón o traficante, sino se trata de bien estructuradas redes que operan cabalmente porque entre ellos hay acuerdos sólidos que les han permitido copar las instituciones y por ello el gobierno no puede hacer mucho sin el acompañamiento de la sociedad. El papel esencial del régimen actual debe ser el de promover esos acuerdos que nos unan y fortalezcan para hacerle frente al serio y bien hecho entramado de la corrupción que empobrece al país mientras los largos se bañan en dinero mal habido y lo pueden lavar tranquilamente pues ellos sí saben bien aquello de que “hecha la ley, hecha la trampa”.
Alrededor de este tema hay mucho que discutir y analizar, tarea que debemos asumir los ciudadanos porque ya vemos cómo se empiezan a mover intereses para evitar la verdadera fiscalización que impida lavar dinero. Tenemos que mostrar, como sociedad, que estamos interesados en cambiar al país y que haremos lo que sea necesario para forzar a quienes toman las decisiones para que actúen con ética y moral, valores que no muestran desde hace años.
