La semana pasada, en una audiencia realizada a puerta cerrada –sin presencia de periodistas– la FECI presentó al juez Fredy Orellana un escrito en el que expresa que no encontraron pruebas de alteración al registro del padrón electoral que, como habían dicho desde 2023, hubiera generado el fraude en las elecciones que el Ministerio Público persiguió tenazmente. En otras palabras, el famoso caso iniciado desde aquella primera vuelta, que pretendía deslegitimar a Bernardo Arévalo, terminó como tenía que ser, es decir con la comprobación de que no se alteró el padrón para facilitar un fraude.
Desde que tomó posesión el presidente Arévalo el gobierno ha estado bajo el acoso de quienes cuestionaron la legitimidad de la elección y ahora, cuando reconocieron ante “su juez”, Fredy Orellana, que no hay prueba, es importante que el mandatario y su equipo se centren en el diseño de una política que cambie el sistema que nos viene afectando. Se presentará, según informaron, una iniciativa contra el lavado de dinero para combatir de esa forma al narcotráfico que se ha asentado y hasta adueñado en buena medida de muchas avenidas del país, pero esa iniciativa tiene que ser acompañada por una clara posición de la sociedad porque todos somos paganos de lo que está ocurriendo.
El gobierno tiene que convocar a todos los sectores para que entiendan el daño que hace el lavado de dinero a los guatemaltecos y cómo ello sirve de palanca para que más grupos de traficantes de droga se asienten aquí; el mecanismo de lavar dinero está debidamente regulado, pero dejó de utilizarse como parte del plan de quienes se enriquecen con los fondos públicos, pues a ellos les interesa facilitar el trasiego de los fondos sin ser perseguidos. Nunca entendieron que así abrían de par en par una enorme puerta para los cárteles de la droga que vieron a nuestro país convertirse en un paraíso por culpa de funcionarios y particulares que operan en la corrupción. El sistema de compras y adjudicaciones, en especial en obras, ha sido un camino dominado por aquellos que navegan en la corrupción y la impunidad, para poder lavar en paz.
Con el inmenso capital proveniente del trasiego de estupefacientes, muchos de esos traficantes hasta se convirtieron en “contratistas”, pues eso implica muchas más facilidades para lavar su dinero. Eso lo tiene que explicar el gobierno a la sociedad para que se pueda armar ese gran bloque ciudadano de presión que haga viable el inicio del rescate del país cuasi forzando a los diputados a hacer las cosas bien, porque dentro del mismo hemiciclo hay muchos que fueron electos con el dinero de ese crimen organizado que tanto lava.
Creemos que la ley de lavado de dinero de la que habla el gobierno es importante, pero también que será otra pieza inútil si no entendemos por qué llegamos a donde llegamos, lo cual implica trabajar con los sectores sociales para que, juntos, hagamos un movimiento fuerte, imparable en realidad, que ponga los cimientos de un nuevo modelo político y económico en nuestra Guatemala.
