La Comisión Contra la Corrupción del gobierno de Bernardo Arévalo viene promoviendo una Red de Instancias en Asuntos de Probidad ,luego de que el año pasado se aprobó el Código de Ética del Organismo Ejecutivo, lo que ha generado más de 4,100 cartas de compromiso ético de trabajadores, así como más de 3,900 contratos con cláusulas éticas, capacitando a más de 11,000 personas en temas de ética pública, integridad y probidad. La información anterior fue proporcionada por el Comisionado Julio Flores, quien explicó que se trata de acciones a su juicio “irreversibles” porque, según él, futuros gobiernos tendrían que derogar muchos acuerdos para dejar todo eso sin efecto.
Más allá de que para los corruptos y sus operarios nada es cuesta arriba, creemos que ello muestra la buena intención del gobierno para mejorar en el tema de la probidad en el desempeño de funciones públicas, pero obviamente hace falta más para desmantelar una red tan bien armada por aquellos que saquearon y siguen saqueando los fondos públicos para su propio beneficio. No por gusto se dice en el refranero popular que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, puesto que sin acciones firmes y decididas, las consecuencias de creer que todo se resuelve con capacitaciones o compromisos firmados pueden ser negativas.
Los más mañosos saben perfectamente lo que se tiene que mantener a toda costa para que puedan seguir haciendo piñata con los fondos públicos y por ello es vital aniquilar la imposibilidad de que se castigue a los ladrones. Desgraciadamente hay cosas que exigen firmes reacciones, como sería la cárcel para quienes se enriquecen con el dinero de la gente, puesto que sin esa certeza, de que el que la hace la paga, no podemos esperar verdadera probidad. Estamos claros que en Guatemala hay tres poderes, pero la articulación y liderazgo que se puede ejercer desde el Ejecutivo, para provocar cambios de fondo y en el marco de la ley, es vital.
Ayer mismo informamos sobre cómo son los mismos actores los que participan en las licitaciones o concursos públicos porque la gente que no está comprometida con la corrupción dejó de hacerlo desde hace tiempo y ello pone a autoridades que quieren hacer las cosas diferentes en una compleja situación, porque los que no quieren jugar en ese mar sabían que si no incluían la mordida en sus cotizaciones no iban a ganar ninguna. Para terminar con esa impunidad necesitamos una Contraloría capaz de realizar fiscalización integral de las operaciones financieras del Estado y un Ministerio Público que vaya, allí si “FuerteyFirme” contra las diferentes mafias.
No pretendemos demeritar las buenas intenciones del gobierno a través de la Comisión Contra la Corrupción, pero es imperativo decir que las buenas intenciones, que hasta podrían ser buenísimas, necesitan un acompañamiento que haga ver a todos que ya no se puede seguir saqueando los fondos públicos como se ha hecho hasta ahora. Y esa es la ruta que, por supuesto, todavía tenemos que recorrer.
